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Cientos de policías en acción, gastando miles de millones cada año, protegiendo a las forestales, únicas beneficiadas por los incendios... Recorren caminos, ocupan territorios, golpean a los legítimos dueños para violar y forzar entrada "persiguiendo enemigos" fantasmas. Hemos visto, con horror en el que se golpea a Guillermina Painevilo que con su guagua de dos años es golpeada con la culta de un fusil, le arrebatan su guagua y se muestra una vergüenza nacional. Carabineros actúan como cobardes y matones, violando todas las leyes de protección a las personas, indígenas, niños y comunidades.

Preocupados por el aluvión de 1993 en la Quebrada de Macul los vecinos de La Florida pusieron sus ojos en la precordillera, se organizaron y revisaron el plano regulador para proteger ese bosque nativo que los había acompañado siempre y del que poco sabían. En el año 2004 lograron limitar el área urbana de la comuna hasta sólo la cota 900, un triunfo que consolidaron formando la Red de Defensa de la Precordillera. Hoy, ésta organización libra su más ferviente batalla, buscando proteger el bosque El Panul, donde la inmobiliaria Gesterra proyecta construir 1000 casas y 296 departamentos. Litres, quillayes, bollenes, espinos, peumos, guayacanes y maitenes son parte de la flora del bosque esclerófilo ubicado en La Florida, propiedad de Gesterra desde la década del 80 y que busca convertirlo en un importante polo inmobiliario.

Una comunidad mapuche difundió hoy un vídeo que muestra la forma en la que un carabinero golpea a una mujer de esa etnia en medio de un pastizal en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, tras unos incidentes registrados este martes, después de que un grupo de encapuchados bloqueara una autopista.
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Esto es parte de la política de re-criminalización y uso de la Ley Anti-Terrorista que intenta el gobierno, con mentiras y montajes, acusarlos de los incendios que han sido hecho por las mismas forestales para cobrar seguros no cobrables por los árboles con pestes y no vendibles. La mentira y la violencia son las únicas herramientas que pone el gobierno a los derechos de los comuneros mapuche.