| El hombre que descubrió los Archivos del Terror |
| por Martín Almada (Paraguay) | ||||||||||||||
| sábado, 13 de febrero de 2010 | ||||||||||||||
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En ese contexto de libertades civiles y políticas suprimidas por un permanente estado de sitio, continuamos nuestro trabajo de educadores, inspirándonos en la pedagogía liberadora del brasileño Paulo Freire. Nuestra experiencia nos llevó a la convicción de que la escuela debe ser la antesala de la democracia. Fui elegido presidente de la Asociación de Maestros. La necesidad más sentida por éstos era la vivienda. Razón por la cual promovimos la campaña “Un techo propio para cada educador paraguayo”. En 1965 construimos en San Lorenzo la “Villa del Maestro”, un logro que fue posible gracias a la acción cooperativa. En la década del 1970 reanudé mis estudios en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, gracias a una beca del gobierno argentino. Al término del curso defendí mi tesis en Ciencias de la Educación, especialidad “Política Educativa”, sobre el tema: “Paraguay: educación y dependencia”. Sostenía que en mi país la educación sólo beneficiaba a la clase dominante y estaba al servicio del subdesarrollo y la dependencia. Fui el primer paraguayo que obtuvo el título de doctor en ciencias de la educación. Cuando regresé a Paraguay, en noviembre de 1974, fui secuestrado por la policía política de la dictadura y llevado directamente ante un tribunal militar de la Operación Cóndor, compuesto por los agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, así como por políticos y militares del Paraguay. Durante treinta días fui sometido a bárbaras torturas, con técnicas aprendidas en los cursos “científicos” impartidos por la escuela norteamericana de la Zona del Canal de Panamá [controlada los Estados Unidos entre 1903 y 1979]. Fui acusado de “terrorismo intelectual” por mi trabajo en el campo de la educación y por haber exigido salario justo y viviendas dignas para los educadores. Mi esposa Celestina quedó detenida en la escuela. La policía política la llamaba por teléfono para hacerla escuchar mis llantos y alaridos. Esta estrategia se prolongó por espacio de diez días. El décimo día, a media noche, la llamaron para anunciar que el “educador subversivo” había fallecido y le ordenaron que fuese a retirar el cadáver. La noticia le provocó un infarto, de resultas del cual murió en diciembre de 1974. Después de recorrer en calidad de prisionero varios centros de detención durante más de tres años, fui trasladado al campo de concentración de Emboscada, situado a 45 km de Asunción, por “mala conducta”, es decir, por haber alfabetizado a mis compañeros de prisión. Allí resolví llevar a cabo una huelga de hambre que duró treinta días. Gracias a la enérgica acción del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) y de Amnistía Internacional, fui puesto en libertad condicional en septiembre de 1977. Libertad muy relativa, porque fui nuevamente detenido en noviembre y trasladado a la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, llamada comúnmente “la Técnica”. Esta escuela de asesinos funcionó en Paraguay desde 1956 hasta 1992.
Un exilado en la UNESCO Con la lectura de los documentos de la UNESCO tomé conciencia de la justeza de mi lucha y sigo estando convencido de que valió la pena luchar por la aplicación de esta recomendación del entonces Director General de la UNESCO, Amadu-Mahtar M'Bow: “Enseñar a cada uno a respetar y hacer respetar los propios derechos y de los demás y tener, cuando fuere necesario, el valor de afirmarlos en cualquiera circunstancia, incluso en las más difíciles: tal es el principal imperativo de nuestro tiempo”. Mi vida en París fue la de un educador latinoamericano desterrado, al servicio de la UNESCO, que dedicó todos los fines de semana, durante casi 15 años, a investigar la existencia de la Operación Cóndor en las revistas policiales del Paraguay. Debo destacar que el sacerdote francés Charles Antoine, director de la revista “Diffusion de l'information sur l'Amérique Latine” (DIAL), me brindó apoyo metodológico y puso a mi disposición su centro de documentación fuera de los horarios normales. La dictadura militar del Paraguay cayó en febrero de 1989, y en diciembre de 1992 regresé definitivamente a mi país con la fuerte sospecha de que, según mis investigaciones, había tres lugares posibles donde podían encontrarse los Archivos de la Operación Cóndor.
Desenlace de las investigaciones La nueva Constitución democrática de junio de 1992 preveía el recurso de hábeas data. Pedí al juez penal José Agustín Fernández mis antecedentes. La Policía negó su existencia, lo que equivalía a decir que yo nunca estuve preso. Solicité un registro judicial del Archivo Central de Policía. La prensa se hizo eco de mi petición. Fue por ese entonces cuando recibí una llamada telefónica de una mujer que me dijo: “Profesor, sus papeles no están en el Archivo Central, sino en una comisaría de policía de las afueras de Asunción”. Invité a la señora a que viniera a mi oficina y se presentó con un plano del lugar donde se encontraba el archivo secreto policial. Me dijo que quería colaborar con la justicia para consolidar la democracia. Sometí a la consideración del juez penal la información y pocos días después, el 22 de diciembre, descubrimos con el apoyo de la justicia y la prensa nacional e internacional tres toneladas de documentos: los llamados “Archivos del Terror” de la Operación Cóndor. En el mismo momento de su descubrimiento, se decidió su inmediato traslado al edificio de los tribunales de justicia. Desde entonces, nos esforzamos sin descanso por salvaguardar físicamente el archivo y, al mismo tiempo, por facilitar a los historiadores el acceso a su documentación. Este fondo documental permitió la adopción de una ley por la que se creó la Comisión de Verdad y Justicia, que al cabo de cuatro años de labor (2004-2008) confirmó los crímenes de la dictadura y produjo una serie de conclusiones y recomendaciones que se van a aplicar y servirán para consolidar el sistema democrático. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, junto con el gobierno de Paraguay, presentaron a la UNESCO una solicitud para que ese fondo documental fuese inscrito en el Registro “Memoria del Mundo”. Con esta inscripción se protege el derecho de los pueblos a su identidad y memoria, porque proteger esta última contribuye a comprender el presente y construir el futuro. Martín Almada, actual director de la Fundación Celestina Pérez de Almada, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Esta fundación recibió en 2005 el Premio Europa Solar en Berlín (Alemania).
* Fuente: Unesco Martín Almada: Los archivos del terror
31 de octubre de 2008
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