Las gravísimas acusaciones vertidas por Naciones Unidas contra el Ejército y el Gobierno israelí por crímenes de guerra tras la campaña militar de Gaza hace 12 meses pasan factura a la diplomacia israelí, a relevantes líderes políticos que eluden viajar a varios países europeos, a la deteriorada imagen del país. Y ahora también suscitan fricciones, nada usuales, entre el Ejecutivo y el Ejército. Mientras la prensa local asegura que el Gobierno ha admitido que dos mandos castrenses han sido sometidos a una "acción disciplinaria" por el empleo inadecuado de proyectiles de fósforo blanco en zonas pobladas por civiles, el Estado Mayor lo niega rotundamente.
Es la primera vez que el Gobierno hebreo admite, aunque lo califique de error, el uso inadecuado de esa munición. El viernes, cumplido el plazo fijado en el informe elaborado por el juez surafricano Richard Goldstonez para que Israel presentara su propia investigación, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, abordará el expediente. Se cierne sobre Israel el riesgo de que el expediente termine en el Consejo de Seguridad y, eventualmente, aunque es muy improbable, ante el Tribunal Internacional de Justicia.
En las alegaciones presentadas ante Naciones Unidas la semana pasada para justificar el ataque militar contra el territorio palestino y rebatir el demoledor informe de Goldstone, el Gobierno de Benjamín Netanyahu reconoce que Eyal Eisenberg, general de Brigada y comandante de la División de Gaza, y el coronel Ilan Malka, jefe de la Birgada Givati, han sido sometidos a una "acción disciplinaria". Se ignoran las eventuales sanciones, en el caso de que finalmente se impongan, sobre todo porque el Estado Mayor ha negado que los citados uniformados hayan sido siquiera interrogados.
El fósforo blanco se empleó profusamente en zonas habitadas porque en Gaza la densidad de población es de las más altas del mundo. La destrucción de la infraestructura económica de la franja durante la ofensiva fue descomunal -cientos de fábricas, escuelas, hospitales y unas 20.000 viviendas fueron arrasadas o dañadas severamente- y, entre los casi 1.400 muertos, la mayoría eran civiles ajenos a la contienda. Según el informe israelí, los proyectiles de fósforo se lanzaron contra unas instalaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en el que se guarecían cientos de civiles palestinos en el barrio de Tel el Hawa, en la ciudad de Gaza.
En abril pasado, el vicejefe del Estado Mayor, Dan Harel, aseguraba que las investigaciones internas no desvelaban ningún uso inadecuado del fósforo blanco y que en todo caso se había lanzado en áreas abiertas y contra enemigos armados, algo permitido por la legislación internacional. Las fotografías de las agencias desmentían a Harel. La lluvia de esos proyectiles sobre colegios y zonas urbanas ha sido acreditada fehacientemente. Ahora es el propio Gobierno quien admite que al menos en algunos lances de la guerra dos oficiales -Eisenberg y Malka- permitieron que se disparara esa munición "excediendo su autoridad de una manera que amenazó las vidas de otros". Muchos civiles, entre ellos decenas de niños, sufrieron quemaduras horrendas.
Es improbable que el informe entregado a la ONU pueda satisfacer las exigencias de la comisión encabezada por el juez surafricano. Requiere Goldstone una investigación independiente sobre los presuntos crímenes de guerra perpetrados en los 22 días de campaña. Aunque el Ejército ha abierto 36 investigaciones criminales, a día de hoy sólo un soldado israelí ha sido castigado por robar una tarjeta de crédito a un palestino y retirar fondos de su cuenta. "Israel está siendo evasivo otra vez", rezaba el domingo el editorial del diario Haaretz.
El Gobierno trata de demostrar en su alegato remitido a Naciones Unidas que la Abogacía General del Ejército es un organismo independiente, ajeno a la jerarquía militar. Pero pensar que las investigaciones llevadas a cabo por las propias Fuerzas Armadas puedan satisfacer las exigencias de imparcialidad -requeridas en el informe de la comisión Goldstone- resulta inadmisible para cualquier jurista. No se puede ser juez y parte. De ahí que las voces que abogan por la formación de una comisión de Estado independiente en Israel, encabezada por un juez del Tribunal Supremo, sean cada vez más numerosas. En el seno del Gobierno no se llega tan lejos, y se promueve un comité de investigación del que no se conocen ni sus competencias ni su formación.
La comisión de Estado -como las que se constituyeron para indagar la masacre de Sabra y Chatila, en 1982, o la de guerra de Yom Kipur, en 1973- es, a juicio de numerosos analistas políticos, el único modo de diluir las nefastas consecuencias políticas y diplomáticas que para Israel acarrea el informe Goldstone, en el que se amenaza con trasladar las acusaciones al Consejo de Seguridad y, en su caso, al Tribunal Internacional de Justicia. Pero la iniciativa en favor de esa comisión tropieza con un escollo que se antoja insalvable. Los jefes del Ejército, institución sagrada, y el ministro de Defensa, Ehud Barak, rechazan tajantemente esa vía. El Tsahal es intocable.
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