Santiago de Chile, 21 de noviembre de 2008. Las graves lesiones que sufrió un niño de doce años en la comuna de San Clemente, cuando trabajaba cosechando habas en el fundo "Cunquillar", son una muestra más de la inexistencia en Chile de las denominadas "buenas prácticas agrícolas" respecto del uso de plaguicidas y de la persistencia del trabajo infantil en Chile. Queda de manifiesto, una vez más, la inexistente fiscalización de las infracciones a la legislación sobre trabajo infantil. En el caso que éste se relacione con exposición a sustancias tóxicas, la infracción, el riesgo y los daños son doblemente graves.

El Hospital de Talca notificó el hecho tardíamente a la Red de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP, dependiente del Ministerio de Salud) como "reacción alérgica severa a plaguicidas", aunque inicialmente sólo había diagnosticado una dermatitis. El niño afectado por estas lesiones atribuidas a agroquímicos no determinados, de aspecto idéntico a las quemaduras, es Ariel Meza Mondaca, de 12 años, y permanece hospitalizado desde el sábado 15 de noviembre en Cirugía Infantil de ese establecimiento. Su madre, Angélica Mondaca, lo llevó al hospital en busca de atención adecuada luego de dos días de procurar sanarlo en su casa. Otro menor, Agustín Jara Alfán, de 14 años, y una trabajadora temporera adulta, Luisa Cáceres González, fueron atendidos por problemas similares en la posta del sector Mercedes (comuna de San Clemente, séptima región) lo que llevó a Salud Ocupacional de esa región a calificar el caso como brote.

Estos hechos ilustran el daño a la salud de los sectores más vulnerables de la población -familias campesinas de bajos ingresos y con escaso nivel de organización-, provocado por el uso indiscriminado y muchas veces negado de plaguicidas en zonas agroexportadoras. El slogan "Chile, potencia alimentaria" acuñado por el gobierno ignora los costos ocultos de esta opción.

El menor presentó graves lesiones en la piel el jueves 13 de noviembre, luego de cuatro días de trabajo junto a un centenar de temporeros y temporeras en la cosecha de habas de ese predio de San Clemente, perteneciente a Luis Parot Smith (de la Sociedad Agrícola San Pedro Limitada) y administrado por Fernando Acuña. El pequeño esperaba recibir mil pesos por cada saco de 30 kilos de habas y, según la prensa local, quiso trabajar -sin autorización materna-  para comprarse zapatillas.

Salud Ocupacional de la Región del Maule calificó el caso como brote y lo notificó a la Red de Vigilancia Epidemiológica el 18 de noviembre, tres días después de la hospitalización. El hospital se alertó luego de la llamada de ese servicio, y comprobó la existencia de más afectados cuyos diagnósticos habían sido consignados como dermatitis.

La subnotificación
Pamela Mejías, ingeniera en prevención de riesgo que trabaja en equipo con el doctor Carlos Concha, de Salud Ocupacional- Región del Maule, informó a RAP-Chile que la subnotificación es un grave problema en la zona. El hecho que no se considere como sospechoso de intoxicación por plaguicidas un caso de problema dérmico agudo es parte de ello. El error de diagnóstico puede atribuirse a la alta rotación en los equipos de salud, lo que invalida la formación de capacidades especializadas que permitan diagnosticar correctamente y notificar en forma oportuna las intoxicaciones por plaguicidas. La epidemióloga del Hospital de Talca sólo consideró el caso como sospechoso de intoxicación por plaguicidas después de ser alertada por Salud Ocupacional. En esta oportunidad tampoco se tomaron muestras en el lugar, y al menor no se le hizo el examen de niveles de colinesterasa.

Encubrimiento del uso de plaguicidas
El dueño del fundo Cunquillar y su administrador niegan haber aplicado plaguicidas, y afirman que las quemaduras corresponden a un efecto alérgico provocado por el manzanillón.

Este argumento había sido utilizado anteriormente por la parte patronal, cuando el 22 de octubre de 2004 temporeras de San Clemente que cosechaban habas resultaron con graves quemaduras. Las imágenes de las trabajadoras agrícolas con lesiones y llagas en distintas partes del cuerpo impactaron fuertemente a la opinión pública. Recién 11 días después de ocurrida esa intoxicación llegaron al lugar funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para tomar muestras del cultivo y someterlas a análisis. Debido al tiempo transcurrido, no se encontraron rastros de plaguicidas. Las trabajadoras solamente volvieron a sus casas 15 días después. Pero quedaron imposibilitadas de volver a trabajar en faenas agrícolas, única oportunidad laboral en su comuna.

En 2006, la Corte Suprema de Justicia apoyó la sanción impuesta por la autoridad sanitaria de la VII Región que determinaba que las trabajadoras no contaban con los equipos necesarios para protegerse y el empleador, Antonio Navarrete Rojas, fue multado por más de seis millones de pesos. Sin embargo, las temporeras quemadas jamás fueron indemnizadas.

Historial de este año
Hasta la fecha ha habido 22 casos individuales de intoxicaciones en la Región del Maule, además del brote registrado a comienzos de año en Pelarco durante la cosecha de maíz. Según informó Pamela Mejías, se han estado haciendo talleres de capacitación a personal de atención primaria de salud en Cauquenes y Curicó. Al mismo tiempo, Salud Ocupacional está haciendo sumarios y auditorías en Molina, Lontué y Linares para cruzar los diagnósticos médicos de postas y hospitales y determinar la subnotificación de casos de intoxicación por plaguicidas.

 Por otra parte, la Dirección del Trabajo de la Región del Maule inició un sumario, ya que en Chile es ilegal que trabajen en predios niños en edad escolar.

ALIANZA POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

(RAP-AL Chile)

Integrada por:

•        Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).
•        Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
•        Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
 
* Publicado por gentileza de Lucía Sepúlveda Ruiz

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