Ha comenzado por fin a destaparse una de las ollas en que se cocina el desarrollo económico y social chileno. Como se sabe, todo comenzó en Iquique en el mes de octubre, cuando se descubrió la existencia de un alto número de enfermos de Sida que no habían sido notificados de su enfermedad y se vino a saber que tres personas murieron sin llegar a conocer la causa de su lenta agonía. La entonces ministro de salud, persona de confianza de la presidenta Bachelet, emitió sin pestañear una de las declaraciones públicas más espeluznantes e irresponsables que se han escuchado en los últimos tiempos, o sea que, en nombre de la confidencialidad médica, “las personas tienen derecho a no saber que padecen Sida”. El escándalo le costó el puesto, pero ningún debate serio en el país intentó rastrear lo que estaba pasando. ¿Tenemos derecho a saberlo?
En las últimas semanas han seguido filtrándose informaciones sobre la increíble situación de la salud pública chilena en lo que se refiere a la difusión del Sida. Las noticias salen a la luz en la medida en que afectan a altos funcionarios, pero poco o nada conocemos acerca de lo que se esconde realmente detrás de los titulares escandalísticos de algunos diarios. Ahora ya se habla de mil personas a quienes nadie ha informado que son enfermos de Sida, lo que quiere decir que podemos comenzar tranquilamente a multiplicar esa cifra, porque nadie ignora que la enfermedad se transmite a través de variados medios (enfermedad que, entre paréntesis, en muchos países se mantiene bajo control con tratamientos adecuados). Por otra parte, nada menos que la decana de la facultad de medicina de la Universidad de Chile ha calculado que en Chile habría entre 30 y 40 mil personas portadoras del virus VIH y que no lo saben. Asociaciones como Vivopositivo y algún senador o diputado “díscolo” denuncian que el país atraviesa un estado de gravísima emergencia sanitaria. Pero la política y los medios prefieren ocuparse obsesivamente de temas mucho más apasionantes, como quiénes serán en definitiva los dinosaurios desempolvados que se enfrentarán en las próximas elecciones presidenciales (¡para las que falta aún más de un año!).
Si lo pensamos bien, no debería extrañarnos una situación como ésta, porque bastaría seguir destapando ollas para que quedara al descubierto el estado real en que la sociedad chilena se reproduce por detrás de las vallas publicitarias del progreso y el éxito económico. En este caso por ejemplo, Chile es uno de los pocos países del mundo que cuenta con una legislación específica para el Sida, pero la realidad social es muy diferente, bien poco corresponde a las vitrinas del progreso en las que se pretende exhibir cómo el país supera el subdesarrollo. ¿Habrá que esperar a que la derecha gane las elecciones para que lo que queda de izquierda se despierte de su sueño de país desarrollado y comience a denunciar las verdaderas condiciones de vida de los chilenos? ¿O más bien se dedicarán, lo que es más probable, a defender la “obra” concertacionista durante los próximos veinte años?
Es difícil que un país que arrastra siglos de miseria y abandono se transforme de un día para otro en modelo de alta calidad de vida si aplica políticas públicas destinadas a favorecer los negocios de la clase dominante. Sabemos que las estadísticas oficiales sobre la pobreza en Chile son mentirosas y manipuladas y que la mayoría de la población sobrevive en un ambiente higiénico y sanitario típico del llamado tercer mundo. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué creernos nuestras propias mentiras? La punta del iceberg de los enfermos de Sida que ignoran su condición por no existir estructuras que garanticen la salud pública no hace sino mostrar el gran vacío que esconde la demagogia del poder que se viste con ropas socialistas.
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