Los nexos de Claro con Pinochet

La visita que el fallecido empresario dueño de Mega y la Compañía Sudamericana de Vapores, Ricardo Claro Valdés, hizo al ex dictador Augusto Pinochet durante su detención en Londres es fiel reflejo de su cercanía con la dictadura que gobernó Chile desde 1973.

De hecho, el 12 de septiembre de 1973, un día después del Golpe de Estado cuando aún humeaba el Palacio de La Moneda y partía la represión que asesinó o desapareció a casi 3 mil personas, ya ocupaba un puesto en ese gobierno de facto.

Se integró como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, a quien luego acompañó a Washington en lo que sería la primera intervención del régimen ante la Asamblea de la ONU: Su misión: conseguir recursos económicos.

En 1976,  ejerció como coordinador general de la sexta asamblea de OEA en Santiago, en que encabezó la gestión del pinochetismo para apaciguar el debate de las violaciones de los derechos humanos.

En la ocasión, el entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andrés Zaldívar se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas.

Ricardo Claro, que por entonces comenzaba a amasar su fortuna hasta llegar a ser uno de los empresarios más ricos de Chile, acusó de traidores a estos dirigentes y el régimen dispuso la expulsión de Castillo y la prohibición de ingreso de Zaldívar

Claro también estuvo presente en la reunión que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger, entonces secretario de Estados de Estados Unidos, que representó a la Casa Blanca en las gestiones para derrocar a Salvador Allende y en otras intervenciones en América Latina.

A Claro también se le ha vinculado en la detención y desaparición de un grupo de trabajadores de Elecmetal, empresa de su propiedad, lo que, entre otros, afirma Mario Fernández, hermano de dos de las víctimas.

El ex trabajador de esa compañía aseguró que él mismo presenció cómo ellos fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri, para ser entregados a Carabineros.
En tanto, otras denuncian señalan que puso a disposición de los militares dos barcos de su propiedad para ser usados como centros de detención y tortura. Se indica que en el Maipo se trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua muchos de los cuales perdieron la vida, mientras en el Lebu se instaló una cárcel flotante que mantuvo a más de dos mil personas en sus literas y bodegas.

El 23 de septiembre de este año, se notificó de la derrota que sufrió en el juicio que había iniciado en contra  de este diario por su inclusión en el reportaje publicado en 2004 bajo el título "La cara civil de la tortura: los top ten".

Claro fue uno de los diez civiles con que se ejemplificó periodísticamente el soporte comunicacional, jurídico y político que tuvo el régimen militar para violar sistemáticamente los derechos humanos en Chile.

Pese a que a su favor, en defensa del "daño moral sufrido", declararon el presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, el senador Fernando Flores y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan Colombo Campbell, el fallo le fue adverso.

En la resolución, el tribunal estableció que Claro "no ha controvertido las afirmaciones" referidas a su persona, que dicen relación a su apoyo e integración al gobierno militar desde el mismo 12 de septiembre de 1973.

* Fuente: La Nación

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