Durante las últimas semanas ha venido evidenciándose cada vez con mayor claridad la profunda crisis que corroe al “establishment” narcoparapolítico colombiano. Como espadachines haciendo gala de una esgrima de acusaciones mutuas, se entrecruzan cínica e hipócritamente los dedos índices de los mismos que han disfrutado durante décadas la impunidad y el poder. Se suceden una tras otra incriminaciones y delaciones, arrestos y liberaciones, sangrientos “falsos positivos” de viejo y nuevo tipo, así como ajustes de cuentas claramente destinados a silenciar los escándalos con más crimen, todo en un desordenado intento por evitar una debacle. Uribe aparece airado, nervioso, resistiendo el acoso interno mientras es presionado en el plano internacional. Mientras, una serie de probables candidatos a la sucesión... o al relevo, aclaran la voz luciendo su mejor sonrisa, mientras preparan el ingreso al escenario.

Todo esto ha empezado a ser interpretado por muchos como una indicación de que se estaría entrando de lleno en una fase de preparación del terreno para forzar la salida de Uribe, acorralándole hasta obligarlo a renunciar. Pero, un cambio actual de gobierno en Colombia, que pareciera además estar siendo impulsado ahora desde las alturas imperiales y algunos países europeos, así como secundado por actores internos, requiere no obstante de ciertas condiciones que deben ser previamente alcanzadas tanto en el plano colombiano, como en el internacional.

Proyecto para el Nuevo Siglo Americano en la región
La voluminosa agenda imperial destinada al Sur del Rio Grande, contempla como tarea fundamental la recuperación de los espacios perdidos en la región, mediante el despliegue sistemático de diversas acciones respecto a cada uno de los países que representan una amenaza a sus intereses estratégicos o son fuente de inestabilidad. El águila imperial evidencia así su disposición a no perder ni una sola más de las plumas que le van quedando, y trabaja en consecuencia.

En particular, estos últimos meses de gobierno de Bush, le ofrecen una oportunidad dorada para agudizar su accionar intervencionista en la región, algo que no podrían dejar pasar. Es por eso que asistimos en estos mismos momentos a una verdadera ofensiva antipopular, apoyada abiertamente por el imperio, en países hermanos como Bolivia o Venezuela Bolivariana, entre otros. Tratarán allí de llegar hasta donde más puedan, con la idea de que lo que logren “avanzar” en este cometido, facilitará la tarea del próximo gobernante de la Casa Blanca y los planes estratégicos del Pentágono.

Pero entre las fuentes que son consideradas en el análisis imperial como factores de “inestabilidad regional” y preocupación consiguiente, no solo se encuentran los regímenes populares que han estado avanzando contra el capitalismo neoliberal como Venezuela Bolivariana, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros, sino también, el régimen colombiano, que ha sido hasta ahora incapaz de alcanzar la estabilidad requerida, por más que haya contado con enormes recursos a su disposición y empleado la más violenta represión antipopular. Por el contrario, las ramificaciones mafiosas de la narcoparapolítica real, en su constante y violento reacomodo en aras de continuar su existencia, han ido provocando una profundización del problema y son a esta altura ya imposibles de disimular u obviar.

Estas profundas raíces de la narcoparapolítica persistentes y su implicación en los crímenes pasados y actuales de la oligarquía, representan una enorme fuente de inestabilidad que amenaza sobretodo con precipitar a escena a los mismos sectores populares que han sido duramente reprimidos por más de cinco décadas. Se le hace necesario entonces al imperio y sus socios europeos presionar para cambiar urgentemente algo, y pueda por fin desarrollarse plenamente el modelo ideal de “seguridad democrática” contrainsurgente, bajo un aspecto de estado de derecho.

Cambiar algo... para que nada cambie
En este sentido, el reciente bofetón que Uribe recibiera desde un editorial del New York Times constituye una seria advertencia para que entienda que su misión como peón del imperio estaría a punto de concluir y que no debe soñar con repetirse otro período a la cabeza de la Casa de Nariño por más compre tres, cinco o diez millones de firmas. Todo parece indicar que Uribe ha entendido el mensaje, y con sus propias palabras reconoce que lo importante es que la política de “seguridad democrática” sea continuada por cualquier otro representante que herede su cargo, y es por eso que ahora que asistimos al inicio de una desaforada carrera de pretendientes al sillón presidencial.

No sería esta la primera vez que desde el imperio se modificaran las simpatías por algún tiranuelo o se abandonara el apoyo que diversos regímenes títeres y sanguinarios hubieran contado durante un tiempo. Estos, son implantados simplemente para cumplir la misión de eliminar y neutralizar la capacidad popular de resistencia al sistema y una vez alcanzado ese cometido (o poder este alcanzarse por otras vías) son desechados en el basurero de la historia. Debe recordarse –por ejemplo- que una de las mejores pruebas de ello la tuvo que pasar el régimen dictatorial chileno, implantado cruentamente el 11 de septiembre de 1973 con el objetivo de frenar las aspiraciones populares que se expresaran durante el gobierno de la Unidad Popular, con el presidente Salvador Allende.

La dictadura de Pinochet -que había sido ideada e impulsada desde el Pentágono y la Casa Blanca- fue repentinamente abandonada después de unos cuantos años, cuando se constató que su permanencia en el poder solo contribuía a extender una radicalización popular que amenazaba la estabilidad estratégica del modelo ya implantado. El dictador Pinochet fue en repetidas ocasiones recriminado y presionado fuertemente desde las alturas imperiales e incluso -según algunos teóricos de la conspiración-, el atentado del que fuera objeto el año 1986, habría estado anticipadamente en conocimiento de las agencias de seguridad gringas, las cuales optaron por mantener un silencio total respecto del mismo... a la espera que la acción guerrillera del FPMR resultara. Pinochet y su dictadura antipopular habían para entonces cumplido la fase para la que fuera requerida y era imprescindible un cambio para garantizar la continuidad del sistema, por más que el dictador se empecinara en mantenerse en el poder.

Dicho “cambio” se consiguió insertando -de la noche a la mañana y como por arte de magia-, a sectores de la burguesía “opositora”, a la democracia cristiana y la socialdemocracia, justo en medio de las movilizaciones del pueblo verdaderamente antidictatorial. Apoyados con cuantiosos recursos y desarrollando una campaña mediática inédita, lograron posesionarse de los primeros planos, confundiendo a los sectores populares que habían resistido y combatido durante 17 años a la dictadura y sirviéndose de ellos solo para cuantificar su éxito.

La obra de la dictadura fue heredada intacta por el nuevo régimen “neodemocrático”, ideado -para variar- directamente donde mismo se había ideado antes el golpe militar contra Salvador Allende: el Pentágono y la Casa Blanca. Consecuentemente, el nuevo régimen fue dotado de un marco integral remozado, a cuya cabeza gobierna desde entonces la llamada “Concertación”, asumiendo la apariencia de un perfecto estado de derecho que ha llegado a ser considerado un paradigma en la región. Los sucesivos gobiernos de la “Concertación” han logrado así gobernar, administrar y reprimir con un rostro sonriente, sin tener que recurrir a los métodos tan abiertamente brutales como los que había empleado Pinochet, pero disponiendo de los mecanismos adecuados para hacer prácticamente imposibles la consecución de los derechos populares así como de la Verdad y la Justicia. Aunque algunos de los asesinos y torturadores fueron sacrificados en aras de la continuidad y acabarían sus días en cárceles de terciopelo, los verdaderos gestores del golpe militar contra el pueblo chileno permanecen sonrientes e indemnes disfrutando lo alcanzado gracias a la dictadura...

Este modelo actual de neodemocracia “a la chilena” no es muy diferente del que se quisiera alcanzar algún día con la llamada “seguridad democrática” colombiana; después de todo, ambos no representan más que variaciones locales de la omnipresente Doctrina de Seguridad Nacional imperial.

El imperio propone, pero la dialéctica dispone
En Colombia, una modificación del régimen a la medida de los deseos imperiales, en un intento de hacer más presentable y efectiva la política de “seguridad democrática”, requeriría previamente de una debilitación o derrota de las fuerzas guerrilleras así como la neutralización de los sectores de oposición popular y política más activos y consecuentes. Todas las acciones de los últimos meses apuntan en esa dirección, desde los golpes a las FARC, propinados con el apoyo reconocido de militares y técnica estadounidenses; el asesinato y las amenazas a sindicalistas y otros, así como la estigmatización de políticos de oposición implicándoles en la cibernética trama de supuestas conexiones con la guerrilla.

Pero, en Colombia, también sería preciso alcanzar una especie de pacto social y político de cierta amplitud, que posibilitara abrir algunos pequeños espacios “neodemocráticos” como forma de desconflagrar el tenso y enrarecido panorama. Un dilema que no puede ser más difícil, toda vez que la oligarquía colombiana ha experimentado durante décadas el disfrute del poder total, sin concesiones ni moderaciones de ningún tipo, acostumbrada a involucrarse solo en pactos del tipo “Ralito” para mantener privilegios e impunidad y en recurrir a las masacres de opositores como la realizada contra la UP.

Así, aunque en Colombia se haya venido utilizando publicitariamente el membrete de la “seguridad democrática” desde hace unos cuantos años, maquillándolo con la apariencia de un estado de derecho, lo que existe en la práctica no es sino un conflicto interno agudo e inocultable de décadas de duración, en el cual campean a sus anchas: congresistas, oligarcas, militares, magistrados y el presidente, entre otros, coludidos mafiosamente de una y mil formas en la compleja trama de la narcoparapolítica,  que han venido consolidando posiciones dentro del estado mientras desencadenan con entusiasmo y salvajismo la guerra contra el pueblo y sus organizaciones, y que, por supuesto, no aparecen muy dispuestos a ceder espacios, por pequeños que estos fueran.

En este contexto enmarañado, las recientes visitas de la CPI, del “afamado” juez español Garzón y del relator especial de la ONU, pueden claramente interpretarse como un ejemplo de las diversas presiones que se le hacen al régimen y a Uribe para que se acepte un compromiso con la “democracia y la justicia”, entendiendo esto como un paso concreto de acercamiento al concepto de “seguridad democrática” que desde Europa y el imperio quisieran por fin ver funcionar “civilizadamente” en Colombia y que ha sido tan manoseado en la era de Uribe. Las amenazas de intervención en los delicados y candentes temas relacionados con los Derechos Humanos que estos personeros internacionales han expresado, pretenden doblar la rodilla no solo a Uribe, sino a quienes todavía manejan incólumes los hilos del poder narcoparapolítico colombiano.

Pero el peculiar régimen colombiano presenta diversas dificultades que no han logrado ser superadas por ninguno de los protagonistas, ni por los amos. La narcoparapolítica ha logrado extenderse en todas las instancias de poder de la sociedad colombiana y es entonces sumamente difícil poder trazar una frontera precisa hasta donde se pudiera llegar desbrozando la “mala hierba”, en el caso que se aceptase colaborar con la justicia.

Y eso ha quedado claro en la situación presentada con los paranarcos recientemente extraditados a los EEUU. Sin dudas, los mismos fueron solicitados por el amo imperial en la idea que, procesándolos por algunos casos puntuales de narcotráfico, se les alejaba del entorno colombiano ayudando así a salvar -en una parodia de justicia-, al resto de la extensa trama narcoparapolítica, la cual, sintiéndose aliviada, podría entonces aceptar colaborar “civilizadamente” en la regénesis del régimen comprometiéndose a respetar los marcos de “seguridad democrática” necesaria.

Pero la realidad existente detrás de estos personajes extraditados es tan siniestra como poderosa. Sintiéndose traicionados, ya más de alguno amenaza con dejar al descubierto aspectos de la red narcoparapolítica que el régimen por nada del mundo quisiera destapar, pues, de suceder algo así, toda la estructura de poder y crimen levantada desde tiempos inmemoriales, quedaría irremediablemente al desnudo. La frontera que se busca establecer artificialmente nunca ha existido en la realidad, y ello es lo que diferencia el “caso colombiano” de los procesos de transición realizados con otros regímenes en donde, por último, bastó con procesar y condenar a los asesinos y torturadores directos, para salvar al resto de los responsables que pudieron así continuar tranquilamente, cambiando simplemente de maquillaje. En Colombia, como en ningún otro caso, el régimen narcoparapolítico se ha involucrado por completo en la tarea de masacrar al pueblo y profitar del crimen y es por ello que aparecen en cada escena, no solo paramilitares y militares -a quienes se pudiera destinar al sacrificio con relativa facilidad-, sino empresarios del campo y la ciudad, congresistas, magistrados, políticos diversos,  presidentes... y el imperio en persona.

Este es el muro, hasta ahora infranqueable, con el que los deseos imperiales y europeos se están topando frente al “caso colombiano”. Y tanto los paranarcos extraditados como los narcoparapolíticos que van quedando, tienen plena conciencia de ello, aunque por ahora continúen delatándose y/o negando, casi muertos de la risa y confiados todavía en su enorme poder.

En este contexto, obtener la salida de Uribe mediante las presiones que andan “flotando en el aire” desde hace un tiempo, o el acordar que renuncie a presentarse para un nuevo período presidencial, sería una forma de encontrar una puerta que a los demás actores de la narcoparapolítica les permitiría ingresar a la nueva fase; Uribe constituiría el “chivo expiatorio”. Al parecer, se ha ido avanzando un buen trecho en esta dirección, pero, para superar la crisis que corroe al actual régimen de la cacareada “seguridad democrática”, falta todavía convencer a unos cuantos narcoparapolíticos a modo que sirvan de corderos en el altar de sacrificio, y es aquí en donde volvemos a toparnos con la maraña señalada más arriba.

Frente a esta parodia, diversas organizaciones populares, políticos honestos y algunos jueces idem de la Corte Suprema continúan tratando de avanzar en pos de la Verdad y la Justicia y una nueva Colombia en Paz, entendiendo que tienen ante sí, un poderoso aparato de intereses narcoparapolíticos que tratará de frenar su accionar recurriendo como es habitual, a métodos criminales. Cada vez más, van dándose cuenta que también están en medio del juego del imperio y sus socios europeos, los cuales solo aspiran a que el régimen mejore superficialmente su aspecto sacrificando algunos peones y/o al presidente, para continuar trabajando por sus propios intereses, sirviéndose de la “seguridad democrática” contrainsurgente, al modo de la exitosa “Concertación” chilena, que reprime y explota a su pueblo cubriéndose con piel de oveja.

En este contexto donde está en juego la posibilidad de que el pueblo colombiano se movilice en la dirección de desmontar la ignominia y el crimen, suenan ridículamente oportunistas y vergonzosamente traidores los cantos de sirena provenientes desde las gargantas de algún seudo izquierdista socialdemocratizado aspirante a las migajas.

El vecindario en llamas; para ello estamos trabajando también...
Un cambio en la situación de la vecina Venezuela Bolivariana “ayudaría” -en el concepto imperial-, a resolver la crisis del régimen colombiano, además de aliviar el sueño del actual y del próximo inquilino de la Casa Blanca. Si el referente que la revolución bolivariana representa para los pueblos de la región lograra ser derrotado, le renacerían automáticamente algunas de las perdidas plumas al imperio y, en Colombia, se reduciría la posibilidad que algún sector popular pretendiese imitar la idea bolivariana. Las últimas informaciones nos señalan que acaba de ser desbaratado un intento de magnicidio y golpe en contra del presidente Chávez, NO OBSTANTE, se hace necesario recordar que el imperio jamás ha “trabajado” con una sola fórmula para aplastar a los pueblos que se organizan y luchan; se debe recordar también, con suma atención, que en este mismo instante numerosos paramilitares colombianos están presentes clandestinamente en el territorio de la hermana nación, los cuales, sin duda alguna, están tratando de poner su vasta experiencia de sicarios al servicio del imperio y la contrarrevolución.

Una vez más los pueblos deben estar alerta.

A movilizar al pueblo colombiano y la Solidaridad Internacional por el Acuerdo Humanitario, la Paz, la Verdad y la Justicia.

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