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Colegios Profesionales de Chile apoyan “Consulta Ciudadana Sobre Educación” | Colegios Profesionales de Chile apoyan “Consulta Ciudadana Sobre Educación” |
| por Colegios Profesionales de Chile | ||||||||
| lunes, 14 de julio de 2008 | ||||||||
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Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile Declaración Pública Creemos necesario intervenir en el debate reabierto este año por estudiantes, profesores, padres y apoderados a propósito de un proyecto de ley general de educación cuyo texto ha sido acordado en cúpulas partidistas alejadas del sentir de la población. Deseamos en primer término saludar la Consulta Estudiantil sobre la educación convocada para los días 2, 3 y 4 de julio por organizaciones estudiantiles universitarias y secundarias y apoyada por la comunidad educativa, y diversas organizaciones sociales a lo largo del país. Ellos han convocado a los chilenos y chilenas a responder sobre su posición frente al rol del Estado en la educación, la administración de los colegios públicos, el lucro en la educación, las prioridades de inversión en las universidades y la Ley General de Educación. Esta iniciativa democrática es particularmente valiosa porque vivimos en una democracia restringida por una constitución heredada de la dictadura militar, que impide a los ciudadanos pronunciarse sobre temas vitales, que se mantiene férreamente anclada al sistema binominal e impide la representación política de sectores políticos y sociales, y en la cual no existe diversidad en los medios de expresión. Como ocurrió en dictadura, la prensa en ocasiones difunde montajes comunicacionales que estigmatizan las luchas sociales anulando su derecho a expresarse y en general, silenciando la voz de los sectores movilizados. Hasta ahora, el gobierno de la Presidenta Bachelet, frustrando su propia caracterización como gobierno de la participación ciudadana, ha pretendido acallar la movilización estudiantil y social aplicando niveles de represión similares a los que había en tiempos de la Dictadura Militar y descalificando a sus protagonistas, que no aparecen en los canales de televisión explicando sus razones, sino sólo figuran como objeto de violencia policial. La respuesta de las autoridades es idéntica a la que se da al pueblo mapuche en su lucha por recuperar la tierra. Resulta preocupante porque la represión opera sobre la base de los efectos que en el conjunto de la sociedad chilena –incluidos los padres, madres y abuelos (as) de los jóvenes golpeados y arrastrados en las calles – tuvo la violencia dictatorial, con su secuela de miedo instalada por los crímenes cometidos por agentes del Estado. El miedo se bate en retirada Quienes ordenan hoy la represión o legislan, gozaron ayer de un sistema de educación pública ajeno al lucro. Es sorprendente la incapacidad demostrada por estos gobernantes y parlamentarios para comprender que los jóvenes de hoy defienden su propio derecho a contar con una educación equitativa y de calidad, defienden su futuro como ciudadanos y rechazan un modelo de país en que la educación es un negocio con el que lucran los poderosos. El modelo actual funciona a partir de los supuestos del mercado, y por ello favorece a los sectores con altos ingresos. Los rendimientos de los estudiantes decrecen de acuerdo a cómo baja su estrato socioeconómico. Los jóvenes buscan, en cambio, un modelo educativo que rompa esta falta de equidad social, que aliente la cooperación y responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa y en el cual el Estado asegure la inversión y se implementen estrategias descentralizas de gestión, ajenas al lucro. La educación pública formaba parte de los pilares de una sociedad que avanzaba a lograr mayores niveles de educación, de salud, vivienda y calidad de vida. El golpe militar liquidó el proyecto del Gobierno de la Unidad Popular destruyendo asimismo las conquistas democráticas alcanzadas, como el sistema de educación pública, arrasado por las leyes llamadas por ellos "modernizaciones," instauraron la exclusión y la falta de equidad con la municipalización de las escuelas y la privatización que convirtió en un negocio lucrativo la educación, la salud y la previsión. Por eso, no basta con derogar la LOCE que coronó esa obra de la dictadura militar. Es necesario impulsar ahora una nueva constitución que cambie las bases de este modelo y una ley de educación que sea elaborada con la participación de todos los actores sociales y expertos de la comunidad educativa chilena. Convocamos a los miembros de nuestros Colegios Profesionales a brindar su apoyo a estas tareas, y exigir al gobierno el inmediato fin de la represión a las luchas sociales y estudiantiles, y el inicio de un diálogo verdaderamente respetuoso con la ciudadanía movilizada por sus derechos humanos. Hacemos presente a los legisladores, hoy alejados del sentir de las grandes mayorías, que la legitimidad de sus cargos y de las leyes por ellos elaboradas, estará dada por su relación con las necesidades e intereses de la ciudadanía. El miedo, la impunidad y la desmovilización están dejando lugar hoy a la formación de un creciente movimiento de rechazo a las bases del modelo neoliberal y de lucha por la realización de los derechos humanos en su más amplio sentido, movimiento al que entregamos nuestro irrestricto apoyo. Coordinador de Derechos Humanos Colegios Profesionales de Chile Santiago, 11 de julio de 2008
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