A fines de los "80 y en plena dictadura era pan de cada día el bombardeo con disuasivos químicos, más conocidos como bombas lacrimógenas, alrededor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Así lo recuerda el toxicólogo Andrei Tchernitchin, que también relata que un día propuso a sus alumnos, con los que estaba estudiando las células llamadas eosinófilos ver qué efecto tenían dichos químicos en éstas.

A reglón seguido empezaron a recolectar los envases arrojados por Carabineros y a experimentar con ratas. Y paralelamente, tomaron muestras de sangre de jóvenes que habían estado expuestos a los químicos y otros que no. Lo que observaron fue que había una diferencia entre las muestras de sangre "normales" y la expuesta, así como en las ratas intervenidas: las células se desgranulaban.

"Todas las acciones de estas células están involucradas con la inmunidad, procesos alérgicos y de hipersensibilidad. Y en las funciones reproductivas masculinas y femeninas, por lo tanto, al desgranularse, estas funciones podrían verse afectadas".

Curiosamente, según explica el científico, luego de iniciado el estudio las fuerzas policiales dejaron de lanzar bombas en el área. "Y como dejaron de tirarlas y no teníamos capacidad técnica para hacer la investigación, la dejamos". A pesar de esto, asegura que existe una alta probabilidad de que "las sustancias químicas que afectan las funciones reproductivas dañen al feto del último trimestre del embarazo y a los niños en los primeros años de vida, provocando daños que pueden ser irreversibles". Idea que queda en el nivel de la sospecha, porque ni ellos alcanzaron a ampliar el estudio ni existen trabajos al respecto.

"Probablemente el fabricante tiene algunos estudios y como supongo que estas sustancias son tóxicas no dan a conocer los detalles. No es mortal, no provoca enfermedades inmediatas, pero nadie ha investigado si deja secuelas", asegura el toxicólogo.

Y agrega que las sustancias que revisaron no eran neurotóxicas, pero en "las que existen actualmente no lo podemos asegurar". Básicamente porque no hay información pública al respecto, y ni los propios científicos saben qué son las sustancias que se utilizan contra la población y que durante las últimas semanas han sido protagonistas de las movilizaciones estudiantiles. Es algo así como un secreto de Estado.

El ping pong de la información
Hace tres semanas, este medio inició un largo periplo intentando recabar información sobre detalles básicos de los disuasivos químicos: cuáles son las sustancias, las autorizaciones sanitarias que poseen y quiénes son los proveedores, entre otras.

Pero entre una y otra institución se pasaron la pelota. Si bien Carabineros entregó algunas luces al respecto, la explicación fue bastante vaga.

Según la policía uniformada el disuasivo químico "es un compuesto utilizado por diversas instituciones policiales del mundo. Irrita las zonas húmedas del cuerpo, es de fácil dispersión y corta duración. Y no produce daños a la salud pública".

Pero queda en el terreno de la incógnita en base a qué estudios o pruebas se afirma que no existen daños a mediano o largo plazo. "A las personas expuestas puede que las afecte, pero hay que hacer estudios.
Sin estudios científicos serios no se puede decir si causa o no daños", explica Tchernitchin.

Y en cuanto al listado de los químicos, la respuesta fue que "su composición química es de C10 H5 y CIN 2".

Sobre el compuesto que tiene 10 átomos de carbono y 5 de hidrógeno, Tchernitchin señala que "esa fórmula no dice nada. Faltan hidrógenos para completar la fórmula o te la entregó alguien sin mayor conocimiento". Con respecto al CIN 2, el toxicólogo asegura que "no existe en la química ese símbolo. Estos datos no corresponden a nada que yo conozca".

En cuanto a las normas respectivas, según informó la policía uniformada, estos químicos están sometidos a la Ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos. Y los productos se adquieren en Estados Unidos, aunque no especificaron a qué proveedores.

Otra luz sobre el tema es que la concentración de los componentes está señalada por un organismo internacional, la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Y que en base a los compromisos suscritos por el Estado a nivel internacional en términos de la Convención de Armas Químicas, el uso de los disuasivos es validado para el control de disturbios.

Pero no existen autorizaciones sanitarias para los compuestos de parte organismos de salud pública nacionales, ya que según el propio Ministerio de Salud, el listado con los químicos no pasa por esa repartición sino que ingresa directamente al Ministerio de Defensa.
Tampoco tiene un rol en el asunto el Instituto de Salud Pública (ISP), que sólo realiza registros sanitarios de medicamentos, alimentos y pesticidas. Pero de los disuasivos químicos, ni rastro.

El control sanitario de estas sustancias se hace desde el Banco de Pruebas de Chile, que depende del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, y es el brazo técnico que controla, modifica y prueba elementos, como armas y los disuasivos en cuestión. Ellos son el órgano oficial de las labores de control de la Dirección General de Movilización Nacional, que depende del Ministerio de Defensa.

Pero a la hora de entregar información más clara y detallada, como la forma en que se coordinan las autorizaciones entre Carabineros y la Dirección General de Movilización Nacional, quién las da, la periodicidad, las sustancias químicas que tiene el agua de "zorrillos" y "guanacos" y quién regula su concentración, no hubo respuesta.

Nadie es responsable
Para el abogado y columnista Santiago Escobar, esta situación vulnera las leyes desde el punto de vista de la salud pública, ya que "no se pueden estar distribuyendo químicos que no estén garantizados en sus componentes, ni certificados por las instituciones de salud del país en sus efectos, calidad, ni neurotoxicidad. Eso lesiona los decretos constitucionales sobre la materia".

Lo que más llama la atención de Escobar es que no exista una autoridad ni del sector de Defensa ni de Salud que se haga responsable frente a la población acerca de la utilización de estos compuestos.
"Abiertamente eso es ilegal. Y las autoridades tienen que dar respuesta sobre el tema", asegura, ya que "si bien las autoridades son las encargadas de mantener el orden público, también son responsables de la calidad de las acciones que atenten con la salud y el medioambiente en el país".

Por ello, considera que es absolutamente factible que la ciudadanía pueda presentar un recurso de protección. "Pueden utilizarse varias vías legales y además sería conveniente que los parlamentarios invitaran a las autoridades respectivas a que explicaran en el Congreso acerca de las sustancias que se están utilizando", concluye el profesional.

* Fuente: Amnistía

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