Consejo de Derechos Humanos
Naciones Unidas
8° período de sesiones
(Ginebra, 2 - 18 Junio, 2008)
Tema 9: Racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban.
Documento presentado por la Federación Sindical Mundial (FSM)

Gracias Sr. Presidente,
En los últimos meses ha quedado en evidencia -una vez más- los montajes judiciales en Chile para inculpar a los dirigentes mapuches que luchan por la recuperación de sus territorios ancestrales, los derechos humanos y libertades fundamentales. El comunero mapuche Roberto Painemil según se estableció en el Tribunal de Nueva Imperial, fue objeto de torturas por parte de la policía chilena para obligarlo a inculparse e inculpar a otros comuneros, incluyendo al dirigente mapuche Héctor Llaitul Carrillanca.

Las denuncias hecha por diversos prisioneros políticos mapuche, de haber sido objeto de apremios físicos y sicológicos por parte de la policía civil y uniformada pareciera ser la norma y no excepción en el Chile actual. El hecho que la policía chilena tenga carta blanca de parte de las autoridades chilenas para continuar utilizando estos métodos, propios del periodo de la dictadura de Pinochet contra los mapuches, hace que este problema sea endémico en el territorio ancestral de la nación Mapuche.

Roberto Painemil, lleva casi un año y medio en prisión preventiva y Héctor Llaitul fue recientemente liberado después de haber permanecido en prisión preventiva por mas de un año, equivaliendo -en los hechos- al cumplimiento de una condena, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, principio básico de las legislaciones en los países democrático.

La libertad de Héctor Llaiful, es la comprobación de la persecución política y la violación de las garantías procesales del debido proceso por el actual gobierno chileno, situación que en forma reiterada han denunciado las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Héctor Llaiful fue acusado por la Empresa Forestal Mininco por hechos ocurrido el 25 de diciembre de 2006, cuando el acusado se encontraba a 35 Km. del lugar del atentado.

Sr. Presidente, denunciamos la falta de sensibilidad de las autoridades chilenas con los sufrimientos de familias mapuches. Luisa Calfunao Paillalef, se encuentra detenida desde 15 de noviembre del 2006, ella sufre problemas sicológicos desde la edad de 6 años, por el choque y angustia causado por la detención en 1973 de su madre durante la dictadura del General Pinochet. En octubre de 2007 se produjo una riña en la cárcel de Temuco donde se vio involucrada, debido a su estado psíquico fue internada en el Hospital de Temuco, donde permaneció encadenada por casi 4 meses.  No obstante el deterioro de su salud mental causado por su largo encarcelamiento, fue condenada a 3 años y un día, acusada de "atentar contra la autoridad". Luisa no debería estar encarcelada, debería estar bajo tratamiento medico bajo el cuidado de su familia.

Debido a que el delito "atentado a la autoridad" no cubría al funcionario chileno que ella supuestamente habría agredido, el Senado Chileno debió pasar una nueva ley especial después de un año del incidente y su aplicación con carácter retroactivo para condenar a los mapuches del mencionado delito. La mencionada Ley fue una maniobra gubernamental para condenarla a ella y la hermana de Luisa, Lonko Juana Calfunao y su esposo Antonio Cadin, todos acusados del mismo delito.

Finalmente Sr. Presidente. Las denuncias anteriormente señaladas son solo dos ejemplos de los muchos existentes dentro del pueblo Mapuche, que nos demuestra cómo se violan los derechos humanos en Chile, bajo el beneplácito de sus autoridades. Esto también nos demuestra que Chile al no promover ni respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales la hace  indigna de integrar el Consejo de Derechos Humanos.
Muchas Gracias
Ginebra, 17 de junio, 2008

- La autora es Comunera de la Comunidad Juan Paillalef, Wallmapu, Pueblo-Nacion Mapuche

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