Declaración Pública

Con motivo del auto de procesamiento dictado por el Ministro  de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montiglio, en relación a la causa judicial denominada “Operación Colombo”, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU declara:

1. La Operación Colombo, fue un montaje comunicacional, cuyo objetivo fue encubrir la desaparición de 119 chilenos  y chilenas, que habían sido secuestrados por los aparatos represivos de la dictadura militar, entre los años 1974 y 1975. Esta maniobra hacía aparecer a los detenidos, como muertos en falsos enfrentamientos en diferentes países de Latinoamérica.  

2. Luego de 33 años de una perseverante lucha, esta resolución, viene a confirmar en el plano judicial, lo que los familiares desde siempre sostuvieron: que agentes del Estado amparados por la dictadura de Augusto Pinochet, ejecutaron un plan de exterminio masivo de los 119 detenidos desaparecidos, desconociéndose hasta el día de hoy su destino final.

3. Familiares de detenidos desaparecidos, testigos sobrevivientes de tortura que compartieron junto a las 119 personas, organismos de derechos humanos, abogados de derechos humanos, junto a miles de personas solidarias, denunciaron ante organismos nacionales e internacionales esta maniobra de exterminio, identificando y aportando antecedentes de los agentes involucrados en las detenciones, en las torturas, en los secuestros, y en su desaparición. 

4. Muchos jueces y ministros, que han llevado causas de derechos humanos y que han logrado grandes avances en materia judicial, confirman lo que resolución dictada por el Ministro Montiglio, señala: los 98 criminales sometidos a procesamiento, están involucrados en muchas otras sentencias, como es el caso de Manuel Contreras Sepúlveda, Director de la DINA, Marcelo Moren Brito, Mayor de Ejército, comandante de la BIM, Miguel Krassnoff Martchenko, Capitán de Ejército, responsable de la agrupación Caupolicán y quien detuvo a casi la gran mayoría de los 119, Basclay Zapata Reyes, suboficial de Ejército, agente torturador, Arancibia Clavel, Raúl Iturriaga  Jefe del departamento Exterior de la DINA, entre otros. 

5. Hacemos un llamado a las cortes y tribunales de Justicia, a confirmar esta importante Resolución judicial y avanzar en la aplicación de sanciones a quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores han tenido participación en las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

6. Tenemos la esperanza que este auto de procesamiento, masivo, permita determinar con mayor profundidad las responsabilidades políticas y represivas, de todos aquellos que tuvieron participación en estos hechos, y permita  contribuir a avanzar en la verdad respecto al destino de todas y todos los detenidos desaparecidos.

Reiteramos, una vez mas que la imposición de sanciones proporcionales al daño ocasionado, constituye el acto de reparación por excelencia, garantía eficaz de no repetición y fundamento de la construcción de una sociedad reencontrada en los valores de la justicia y el respeto la dignidad y los derechos de las personas.
 
Paz Rojas Baeza
Viviana Uribe Tamblay
Hiram Villagra C.
CODEPU 

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