Después del informe de la Interpol sobre los ordenadores que Colombia dice que fueron requisados en el asalto a un campamento de las FARC en Ecuador tras el bombardeo y muerte de veinticinco personas, entre ellas el segundo jefe del movimiento rebelde, Raúl Reyes, hace unos dos meses, las cosas se empezaron a complicar para el jefe de la policía de Investigaciones de Chile.

La prensa chilena informó ampliamente sobre el informe, pero en el proceso lo interpretó y tergiversó. Casi todos los medios dijeron que el informe de Interpol confirmaba las afirmaciones del gobierno colombiano de que el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, así como el del presidente ecuatoriano Rafael Correa, estaba implicado en la red internacional que brindaba apoyo con armas y dinero a la principal guerrilla colombiana.

La verdad es muy distinta. El informe de la Interpol no dice en ningún lugar que corrobora las interpretaciones colombianas. Al contrario, dice explícitamente que el análisis realizado por los técnicos policiales "no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen".

Dice, además, que estos archivos tampoco podrían ser utilizados en un proceso judicial, porque "la veracidad o exactitud del contenido de cualquier prueba se establecen en el marco de un procedimiento judicial de ámbito nacional o internacional". Vale decir, no tiene su análisis validez porque las pruebas no han sido recogidas ni tratadas de acuerdo a las normas judiciales internacionales establecidas.

No sólo no han corroborado el informe de la Interpol las acusaciones colombianas: ni siquiera puede decir que las autoridades colombianas no hayan alterado sus contenidos. Sólo se limita a informar que no se han encontrado indicios de que se hayan alterado, lo que no implica que no haya ocurrido, como se explica en el mismo documento a propósito de las fechas y la modificación de estas en los sistemas informáticos.

El informe también estuvo en manos de Los Angeles Times. Según el informe comentado por los periodistas Chris Kraul y Josh Meyer, pese a las interpretaciones torcidas del gobierno colombiano, no demuestra de ninguna manera que Venezuela haya dado ayuda a las FARC. En realidad, las informaciones de que Chávez estaría ayudando a la guerrilla provienen de correspondencia entre el comandante Reyes y otros guerrilleros. Ninguno de los correos electrónicos analizados proviene de funcionarios del gobierno venezolano.

"Es también posible", escriben los periodistas de Los Angeles Times, "que los interlocutores de Reyes en las FARC hayan mal entendido o exagerado ofertas que pudiera haber hecho Venezuela. Aunque Chávez ha expresado en varias ocasiones su admiración por las FARC, no hay ningún indicio en las transcripciones de correspondencia electrónica vistas por el Times de que Venezuela haya entregado armas o dinero a las FARC ni incluso de que haya considerado hacerlo" (en la traducción al español en mQh).

Sin embargo, en la prensa y en la televisión chilena se ha presentado el informe de la Interpol como si este avalase las afirmaciones infundadas de las autoridades uribistas.

Reacción de Chávez
Es probablemente la mala reputación del secretario general de la Interpol, Richard K. Noble, y los también dudosos antecedentes de su vicepresidente, el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera Verdugo, los que indujeron a Chávez a arremeter contra el informe de la Interpol, en la creencia difundida extensamente por Colombia de que en realidad comprobaba sus acusaciones.

La prensa chilena dio por sentado que ese era el caso. No viene a cuento que cite aquí exhaustivamente cómo se trató el informe en esta prensa. En un artículo reciente en El Mercurio, por ejemplo, se afirma que los correos electrónicos incautados "ratificarían que el gobierno ecuatoriano mantenía contactos con las FARC y también que el Mandatario venezolano ordenó dar refugio en territorio venezolano a combatientes de la guerrilla colombiana, a la que proveyó de, cuando menos, 300 millones de dólares para la compra de armas" (en emol_el mercurio online).

Nada de esto ha sido demostrado.

En La Nación del 16 de mayo, se informó que, de acuerdo a Chávez, "Herrera Verdugo habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama después del golpe de Estado de 1973, que fueron lanzados al mar desde un avión de transportes C47 de la fuerza armada chilena" (véase también La Nación del 16 de mayo de 2008).

Pese a numerosos titulares y encabezamientos de artículos, Chávez no acusó nunca a Herrera de estar implicado directamente en casos de violación de derechos humanos. Lo acusó de estar implicado en un intento de encubrimiento y protección de un general de la dictadura, el ex militar Miguel Trincado Araneda, que fue responsable de la operación llamada 'Retiro de Televisores' en 1976. La operación consistió en la exhumación de los cuerpos de prisioneros fusilados por militares de la llamada Caravana de la Muerte en 1973, en su paso por Calama. Los cuerpos fueron posteriormente -en 1975 o 76- arrojados al mar en un intento por hacer desaparecer las evidencias de los crímenes cometidos.

Reacción Chilena
La reacción de las autoridades chilenas fue inmediata, e incoherente. La presidente Bachelet expresó sorpresa y preocupación. En realidad, la presidente se hizo la tonta y le pidió a Chávez que si tenía informaciones sobre el jefe de la policía chilena, que se las enviara por los conductos diplomáticos habituales (en La Nación del 19 de mayo de 2008).
El personero de gobierno Felipe Harboe dijo crípticamente que el gobierno "respaldaba" al jefe de policía. El canciller Alejandro Foxley dijo que la denuncia de Chávez carecía de fundamento. El ministro del Interior (s) dijo que el presidente estaba estaba "mal informado". El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insunza, dijo que no había evidencias que respaldaran las acusaciones de Chávez y que, además, Herrera era un gran amigo suyo (en La Nación del 16 de mayo de 2008). Luego esto hablaría pestes del secretario general.

El gobierno chileno se manifestó ignorante de los antecedentes en los que se basaba Chávez. "Bachelet explicó que para Chile no hay antecedentes que otorguen veracidad a las acusaciones en contra del jefe de la policía civil", publicó La Nación.

Mientras el canciller y el propio Herrera trataban de poner paños tibios al asunto, en la Cámara Baja las cosas empeoraron todavía más. Un grupo de diputados redactó un documento que fue posteriormente aprobado por 42 votos, en el que los políticos protestaban contra la acusación venezolana. Se imputan a Herrera graves delitos, decía la declaración, "respecto de los cuales ni siquiera existen presunciones sobre las cuales sostener que a don Arturo Herrera le ha cabido algún grado de participación" (en Diario de la Cámara). Dicen los afiebrados que la denuncia de Chávez lesiona el honor del jefe de policía e incluso viola el principio de autodeterminación de los pueblos. Afirman que nunca ha violado Herrera ningún derecho humano "ni es pertinente que Presidentes de otros países opinen sobre cuestiones de política interna de un Estado democrático, de derecho y soberano como el nuestro".
Este ejemplo de fanática mendacidad fue enviado a la cancillería venezolana.

Protestas de Inocencia de la Presidenta
El jefe de policía negó, obviamente, haber participado en violaciones a los derechos humanos en 1975 o 1976. "No tengo nada que ver en esa época del año 1975 como se está mencionando", dijo, aunque nadie lo había acusado de eso (en La Nación).

Sin embargo, es imposible que la presidenta proteste su inocencia ni la del jefe de policía. Arturo Herrera fue efectivamente acusado, en 2006 y 2007, de tratar de encubrir la participación del general Trincado en la operación de encubrimiento Retiro de Televisores de 1976.

Fue denunciado nada menos que por tres o cuatro detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.

En 2006 la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones entregó su informe sobre la operación Retiro de Televisores, llevada a cabo a fines de 1975 o principios de 1976, que consistió en la exhumación de los cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte. La operación de encubrimiento estuvo a cargo del general Miguel Trincado.

Tras enterarse del contenido del informe, el general Trincado, entonces en Santiago como jefe de plaza, visitó al director de la policía, Arturo Herrera, en su casa para pedirle que borrase su nombre del informe policial que lo inculpaba. Sorprendentemente el jefe de policía "dio ordenes inmediatas para que el informe técnico fuera alterado en su contenido y que el nombre de Trincado fuera omitido por cuanto Herrera lo consideraba inocente" (en el reportaje de Pedro Alejandro Matta publicado por Fortín Mapocho online). El autor del informe, el comisario Abel Lizama, se negó a alterar el contenido del informe, diciendo que no tenía autoridad para ello.

Herrera recurrió entonces al Jefe de la Unidad, el comisario Sandro Gaete, que también se negó a la maniobra. De acceder, ambos habrían cometido un delito. Herrera insistió entonces ante el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, el prefecto Rafael Castillo, el superior inmediato de los detectives Lizama y Gaete, y responsable de la investigación base del informe. Castillo se negó a alterar el informe.

El intento fallido de Trincado de borrar su nombre del informe era igualmente inútil. La magistrado de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, estaba investigando la misma causa y citó a declarar a los detectives. Procedió a encausar al general, que fue pasado a retiro.

Oídos Sordos
Pero la denuncia de los detectives en cuanto a los intentos de encubrimiento de Herrera no fue investigada. Escribe Matta que "la denuncia quedó incorporada al expediente pero la magistrado se limitó a continuar investigando los hechos bajo su competencia y no inició una investigación paralela para dilucidar el gravísimo hecho, a pesar de que este revestía caracteres de delito: abuso de autoridad, tráfico de influencias, y obstrucción a la justicia, entre otros" (misma fuente anterior).

Matta comenta el hecho sorprendente de que la denuncia de los detectives no condujo a ningún tipo de investigación, ni de tribunales, ni de la Cámara de Diputados. Tampoco se pronunciaron sobre el asunto los habitualmente locuaces políticos locales.

En 2007 el prefecto Castillo fue llamado a retiro, pese a que se creía ampliamente que sería el nuevo jefe de policía en virtud de sus importantes aportes a la causa de los derechos humanos, tras haber expuesto numerosas violaciones cometidas durante el régimen militar.
En agosto de 2007 en la prensa se comentaba la "inminente salida" de Herrera. "Sus supuestas presiones a favor de un militar en un proceso de derechos humanos, gastos excesivos y polarización interna son parte de las razones que molestan a La Moneda y marcan su inminente salida para fin de año", escribían los periodistas Javier Rebolledo y Luis Narváez en La Nación del 5 de agosto de 2007). Entonces se suponía que el prefecto Castillo sería el nuevo director.

Los detectives Lizama y Gaete fueron retirados de sus funciones y trasladados a tareas administrativas. Claramente, una degradación.

No es posible creer que la presidenta no supiera nada del prefecto Castillo, que resolvió, entre otros, los casos del asesinato del general Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974. También resolvió el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en Washington, en 1975. Resolvió el caso del químico de la DINA, Eugenio Berríos, y el del asesinato del diplomático español Carmelo Soria. "En el ámbito nacional destaca su participación en los casos Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Calle Conferencia, Albania y la última detención de Manuel Contreras, donde tuvo que desarmarlo personalmente. Además de la captura de Iturriaga, [...] la BAES capturó en Valparaíso al mayor (R) de Carabineros Lautaro Castro (61), responsable de la matanza de los Hornos de Lonquén. Días después apresó al coronel (R) Rolf Wenderoth, por la muerte del mirista Manuel Cortés, quien fue trasladado de inmediato al Penal Cordillera", escriben Rebolledo y Narváez.

No es posible que la presidenta no haya estado al tanto de estos asuntos. No sólo fue la denuncia contra Herrera comentada ampliamente en la prensa, sino además ella misma rechazó en 2007 una maniobra del jefe de la policía para dejar fuera de la institución al prefecto Castillo, que fue nombrado, antes de su llamado a retiro, en la jefatura de la brigada contra el crimen organizado (Rebolledo y Narváez, en La Nación). "Recién en marzo de este año [2007]", escribieron, "la Presidenta Bachelet tomó una decisión inédita en los últimos 17 años de democracia: rechazó la propuesta de Herrera y lo obligó a mantener a Castillo al mando de la Jenacoyae [jefatura contra el crimen organizado] y, por ende, de la investigación de las violaciones de los derechos humanos".

Pero el 7 de noviembre de 2007, pese a las graves denuncias de los detectives de la brigada de derechos humanos, el prefecto Castillo fue llamado a retiro. El pago de Chile, escribió Jorge Molina Sanhueza (en centros chilenos).

Querella
Pero antes del paso a retiro de Castillo, se estaban cociendo otras habas. En octubre de 2007 el detective Gaete interpuso en tribunales una querella por amenazas contra el jefe de la policía chilena –un desarrollo completamente inusual en que un subalterno denuncia a sus superiores administrativos. El detective, según escribió Leslie Ayala Castro en El Mostrador del 31 de octubre de 2007, presentó una denuncia ante el fiscal de Santiago Centro Norte, Leonardo de la Prida. Así nos enteramos de otros detalles. El detective Gaete presentó la denuncia porque había sido acusado de "traición" por el jefe de gabinete de Herrera, Claudio Preller Pinochet (no sé si está relacionado con el dictador).

Gaete había sido amenazado directamente por el director de la policía. En un e-mail con amenazas, se llamaba "traidores" a Rafael Castillo, Sandro Gaete, Abel Lizama y Mario Zelada (en un artículo de Leslie Ayala Castro en chileinsólito).

En una entrevista posterior con el ex prefecto Rafael Castillo contó detalles desconocidos del caso. Sigue intrigando porqué el general quiso modificar un informe de un caso que estaba siendo investigado, además, por la jueza Rosa María Pinto, que llegó a las mismas conclusiones que la brigada de derechos humanos, i.e. que el responsable de la 'operación retiro de televisores' fue el general Miguel Trincado (en El Mercurio de Calama, en el archivo permanente de mQh).
Castillo no lo sabe. "Lo que tengo claro es que, si hubiese aceptado esa petición, el director, los funcionarios de Investigaciones y yo estaríamos todos presos por obstrucción a la justicia", dijo, refiriéndose a la orden de Herrera de borrar el nombre de Trincado.

En esta entrevista Castillo revela el hostigamiento a que fue sometido él y sus hombres por otros funcionarios subalternos de Herrera. "Lo que más me duele", dijo, "fue el seguimiento que me hicieron, a mí y a mi gente, en los momentos más críticos. Mi propia gente vio cómo estaban filmando el funeral de mi madre, en una iglesia evangélica. Un asunto privado. Lo hicieron para ver qué personas me apoyaban en esa oportunidad. Cuando se llega a esos extremos, o a intervenir teléfonos, es muy grave el asunto. Muy desagradable para mí" (en La Nación).

Operación Condenada al Fracaso
Cuando Castillo fue llamado a retiro, protestaron muchas organizaciones de derechos humanos: la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Comité de Derechos del Pueblo CODEPU, abogados de causas de derechos humanos y otras. Ahora estas organizaciones han vuelto a revivir esos deprimentes meses (véase este documento en la bitácora de Máximo Kast y la declaración de CODEPU del 14 de diciembre de 2006).

Pese a que inicialmente Mireya García declaró no saber nada de la participación de Herrera en el intento de encubrimiento de Trincado (en La Nación del 16 de mayo de 2008),
el 21 del mismo mes la misma Mireya García, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pidió la "remoción inmediata" del director de la policía chilena y vicepresidente de Interpol, Arturo Herrera. Su posición, dice la asociación, "es incompatible [...] con un hecho que lo vincula a una causa de violaciones de los derechos humanos" (La Nación).

El intento de encubrimiento de Herrera estaba condenado al fracaso desde el principio. La brigada de derechos humanos había encontrado evidencias innegables en cuanto a la participación del general Trincado en esa operación de encubrimiento. También había llegado a esa conclusión la jueza Rosa María Pinto, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que investigaba la misma causa. Incluso algunos periodistas habían aportado antecedentes sobre su participación.
También lo inculpaban las declaraciones de uno de sus subalternos, el suboficial Manuel Cortés Aguirre, que incluso declaró haber arrojado los cuerpos al mar desde un avión de la Fuerza Aérea de Chile (en un reportaje de La Nación del 3 de mayo de 2005, en el reportaje de Jorge Escalante, en La Nación del 19 de mayo de 2008).

A pesar de que Herrera declarara que nada tiene que ver con el intento de encubrimiento del general Trincado, el periodista de La Nación relata que entrevistó al general y "le preguntamos quién en el Ejército había pedido al director Herrera que se cambiara el informe policial en cuestión, -fui yo mismo, y fui a la casa del director a pedírselo porque lo que allí se dice es falso respecto a mí-, fue su respuesta directa y sin titubeos" (misma fuente anterior).

Lo que no se entiende es porqué quiere el gobierno echar tierra sobre el asunto. ¿No le parecen graves las acusaciones contra Herrera? ¿Por qué lo protege? ¿Sabe demasiado? El gobierno tiene mucho que decir sobre este asunto. Y tendrá que tomar algunas decisiones impostergables.

Así, pese a las falsas expresiones de asombro y malestar de nuestra presidenta y clase política, después de todo el presidente Chávez tenía razón.

[mérici]

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