La corrupción constituye una de las preocupaciones más acuciantes de la opinión pública, con toda razón. El hecho que tradicionalmente no constituya en Chile una práctica generalizada ni en el Estado ni en los negocios, y por lo mismo el país aparezca entre los menos corruptos del mundo, no es excusa para soslayar el tema. Especialmente si se aprecia una tendencia creciente. Felizmente, los mecanismos de denuncia pública, controlados por parte de las fuerzas políticas opositoras y acción de la justicia, operan en Chile de modo singularmente eficaz. Sin embargo, lamentablemente su acción se remite sólo a la corrupción “al menudeo”, por así llamarla. Lo que es de verdad grave es la existencia en Chile de una corrupción en gran escala, de la cual poco se habla y no se considera en las mediciones internacionales. La misma puede operar impunemente porque queda al margen de los mecanismos de control. Sencillamente porque involucra tanto al gobierno como a la oposición parlamentaria.
De este modo, el país apareció "sorprendido" cuando se descubrieron los multimillonarios latrocinios de Pinochet, su parentela, y el alto mando militar. Todos se asombraron de comprobar que el dictador autodenominado Portaliano resultó el gobernante más corrupto de la historia de Chile. Sin embargo, eso se sabía desde hacía mucho. Era evidente a todas luces, simplemente porque el tren de vida de estos delincuentes no se correspondía ni de lejos con sus ingresos legales, más bien modestos. Por si alguien tuviese dudas, quedó en evidencia a los inicios de la transición, con el asunto de los llamados "Pinocheques." Sin embargo, hasta que el asunto reventó en EE.UU., en Chile no pasó nada. Tanto el gobierno como la oposición de derecha convinieron en echar tierra al asunto y hacer la vista gorda durante más de una década. "Por razones de Estado," como rezaba la tristemente la famosa orden al respecto del Presidente Frei al Consejo de Defensa del Estado.
En estos días, aparece en la prensa otro caso de corrupción en gran escala, flagrante y vergonzosa, en el cual aparecen asimismo envueltos el gobierno y la oposición. Se trata del llamado "Caso Clarín," en el cual ambos se han puesto de acuerdo en no pagar la indemnización que reclama su auténtica propietaria. Ésta es nada menos que la Fundación Salvador Allende, creada por el ingeniero Víctor Pey y el abogado Joan Garcés, dos de los más estrechos colaboradores del Presidente Allende. Su lealtad a la memoria del mandatario mártir y la persistencia para defender su legado y llevar a la justicia a los golpistas, no han desmayado ni un instante a lo largo de décadas. Sus esfuerzos han resultado clave para los avances del proceso democrático, especialmente con ocasión de la detención de Pinochet en Londres. Sin embargo, con ocasión de su justo reclamo en este caso, la actuación del gobierno, con el aval explícito de la derecha y la participación directa de uno de sus principales operadores, ha sido escandalosa.
Han gastado millones de dólares en una defensa que ha perdido una y otra vez en todas las instancias a lo largo de una década y tres gobiernos. Entre las facturas de gastos por más de seis millones de dólares presentadas ante el CIADI, el gobierno reconoce haber pagado suculentos honorarios al que fuera el funcionario público que inició la demanda, contratado luego para coordinar la defensa. Entre otras perlas, dicen haber gastado más de cien mil dólares ¡en arriendo de computadores portátiles (esa cifra alcanzaría para comprar más de cien de estos equipos)! Como es bien sabido, aparte del despilfarro en esta "defensa," lo más grotesco fue el pago de diez millones de dólares a familiares del anterior dueño del diario, los que reconocen públicamente no haber recibido sino una mínima parte de esta cantidad. Se sabe asimismo que el resto fue a parar a manos de una sociedad formada especialmente para estos efectos por un encargado de finanzas de uno de los partidos de gobierno y que hace de palo blanco.
Eso lo sabe todo Chile. Sin embargo la derecha, tan estridente en otros casos de corrupción, acá no dice esta boca es mía. Por el contrario, han asumido ellos directamente la defensa del caso, puesto que el gobierno contrató al estudio de un prominente abogado derechista que es el principal testaferro de las transnacionales en Chile, y el ya mencionado ex-funcionario, ahora coordinador de la defensa, se pasó asimismo a la derecha en la última elección presidencial. De hecho, hasta ahora casi nadie dice nada. La hija del Presidente Allende ha constituido en esta ocasión una excepción, sugiriendo tímidamente al gobierno que mejor pague de una vez en lugar de continuar derrochando dinero público, mientras el diputado Juan Pablo Letelier ha sido un poco más claro.
Escandaloso como es, el "Caso Clarín" no es el peor caso de corrupción en Chile. Peor, es el hecho que los ricos en Chile pagan menos impuestos que sus empleadas domésticas, parafraseando lo que denunció hace poco uno de los personajes más ricos del Reino Unido, refiriéndose a su propio país. Utilizan todos los trucos disponibles para eludirlos, que se los saben de memoria sus asesores, hábiles y muy bien pagados y que por cierto que respecto a sus propios impuestos aplican el refrán que la caridad comienza por casa. Actualmente existe una verdadera razzia contra estas prácticas a nivel mundial, en la cual han ido cayendo sucesivamente centenares de evasores en Alemania y otros países, y en días recientes han sido detenidos altos ejecutivos de los dos principales bancos suizos, uno en Brasil y el otro en los propios EE.UU., acusados de ayudar a evadir impuestos. Mientras tanto, en Chile no pasa nada.
Sin embargo, el principal caso de corrupción pública que existe en Chile es el escándalo de la actual legislación minera. Un estudio de CENDA presentado ante un organismo de Naciones Unidas hace pocos días, ha demostrado en base a las propias cifras declaradas por las mineras en sus balances, que entre 2005 y 2006 las privadas retiraron ganancias ¡equivalentes a todas las inversiones realizadas en minería entre 1974 y 2006!, las que además ya habían recuperado antes y con creces. El estudio referido muestra que si las privadas pagaran los mismos impuestos que CODELCO, en proporción a la producción de cada cual -lo cual aparece muy justo-, el Estado podría duplicar su gasto en pensiones, educación y salud, sumados.
Esta situación es evidentemente contraria a los intereses nacionales. Hasta los técnicos más cercanos a las mineras reconocen que los contratos actuales con las mineras privadas son leoninos y que deberían incorporar al menos cláusulas de retornos al Estado relacionadas con el precio del cobre. Sin embargo, frente a esta situación tan escandalosa el gobierno y la oposición de derecha guardan silencio y no hacen absolutamente nada, cuando no aparecen defendiendo a las empresas. Ello no es casual. Las mineras los financian a ambos, empezando por los más encumbrados dirigentes de ambos sectores. Eso es corrupción lisa y llana, y de grueso calibre.
Todo esto no puede continuar. Por eso, se requiere con urgencia la conformación, también en Chile, de un nuevo bloque en el poder, que uniendo a la inmensa mayoría de los partidarios del gobierno, que no tienen nada que ver en estos feos asuntos y muy por el contrario, les indignan tanto o más que a nadie, sea capaz de poner a raya tanto a la corrupción al por menor, como también esta otra, que son palabras mayores. 13 de mayo de 2008
* El autor es director de CENDA * Fuente: El mostrador
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