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Jueves 28 de Agosto de 2008
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Caso Clarin: Tribunal Internacional condena al Estado de Chile
por Redacción de El Clarín
sábado, 10 de mayo de 2008

El Tribunal Internacional de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), integrado en el Banco Mundial con sede en Washington, ha condenado al Estado de Chile por la continuada confiscación del patrimonio del Diario Clarín, propiedad del empresario español D. Víctor Pey Casado y de la Fundación española Presidente Allende. El Laudo, notificado el jueves 8 de mayo y que se reproduce íntegro, constata que la República de Chile ha violado su obligación de garantizar a los inversores españoles un tratamiento justo y equitativo, ha incurrido en denegación de justicia y mala fe. El Laudo condena a Chile a pagar a los Demandantes españoles la suma de US$10.132.690,18, con un interés compuesto anual del 5%, a partir del 11 de abril de 2002, y también a pagar  parte de las costas del procedimiento.

El Tribunal ha estado formado por el Prof. Pierre Lalive (Suiza, Universidad de Ginebra), el jurista Mohammed Chemloul (Argelia) y el Prof. Emmanuel Gaillard (Francia, Universidad de París).
 
Los antecedentes de este arbitraje están publicados en Caso Clarín y  su Hemeroteca.
jueves, 08 de mayo de 2008 

* Fuente: El Clarín


Gobierno buscará nulidad de fallo en caso Clarín
Mediante un recurso de nulidad el gobierno intentará echar por tierra el dictamen que ayer condenó al Estado a pagar 16,6 millones de dólares a los ex dueños del desaparecido diario Clarín.

El ministro de Economía, Hugo Lavados, aseguró eque el Gobierno chileno recurrirá de nulidad frente al fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que condenó al Estado a pagar la suma de 16, 6 millones de dólares, a los ex dueños del diario Clarín.

"La decisión que se ha tomado es que vamos a recurrir con el recurso que existe de nulidad lo que significa impugnar el fallo", explicó el secretario de Estado.
Según Lavados "las probabilidades de transar nosotros en este momento no las divisamos, dada la manera cómo se ha llevado adelante el juicio y por los argumentos de ambas partes y particularmente por los argumentos de los demandantes que en este caso han entregado".

El nuevo juicio podría demorar más de dos años, ya que se debe conformar un nuevo tribunal para que revise el libelo.   Explicó que en este caso el Gobierno está defendiendo dos ideas fundamentales. "Un principio es que una persona que no tiene la ciudadanía chilena, no puede plantearse como inversionista extranjero; un segundo principio es que no puede existir retroactividad respecto de distintas normas o convenios internacionales firmados. El tema es que uno recurre de un fallo de los tribunales, porque considera que no es correcto, que es injusto o que es erróneo. Si no existiera esa convicción no se plantearía el recurso", concluyó.

Por eso dijo que no importaba que el nuevo proceso pudiera incluso resultar más caro para el Estado que pagar la cifra de la condena. "El tema de lo que sale un poco más barato o un poco más caro no es la consideración más importante", aseguró el titular de Economía.

El Ejecutivo explicó que la glosa de los 16 millones dólares de condena se divide en 10 millones efectivos que hay que pagar. A éstos se suman 3 millones de la divisa norteamericana por intereses y otros 3 más por las costas del juicio. "Eso, comparado con lo inicial que superaba los 500 millones de dólares (?) es un monto del orden del 3 por ciento, o menor del 3 por ciento, de la cifra que inicialmente se había solicitado". El plazo para presentar el recurso ante el Ciadi es de 120 días.

El Ciadi se pronunció a favor de Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende, por lo que el Estado chileno les deberá pagar US$16,6 millones por la confiscación del diario Clarín en 1973.

El Ciadi estudió la demanda interpuesta por Pey, quien se declaró propietario del periódico confiscado por el régimen militar, demandando en 1997 al Estado de Chile por US$ 515 millones.

El fallo estipula que el Estado tendrá que pagar US$ 10 millones, cifra a la que se agregan los costos del caso, más US$2 millones -gastos de la defensa-, además del interés del 5% anual a partir de 2002, lo que eleva la cifra a US$16,6 millones.

* Fuente: La Nación




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