Amnistía Internacional saludó la decisión de la  ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada quien encargó reos a seis oficiales en retiro de la Armada por el secuestro calificado y torturas de varios presos políticos en el Buque Escuela Esmeralda, entre ellos el sacerdote Miguel Woodward. “La Armada de Chile así como la sociedad en su conjunto, no deben ver en la persistencia de las familias de las víctimas o de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos un ánimo de revancha. La obtención de verdad, justicia y reparación es un acto legítimo y merecido en el marco del derecho; y sirve para construir confianza con vistas a la reconstrucción de un Chile unido y moralmente más íntegro” dijo el director de Amnistía Internacional – Chile, Sergio Laurenti.

Al procesar a los almirantes Sergio Barros Von Chessman y Guillermo Aldoney Hansen, el vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, y otros tres oficiales (r) cuyas identidades se conocerán en las próximas horas, sindicados como parte de los servicios de inteligencia de la Armada, responsables de la represión en Valparaíso y de numerosas detenciones, se ha marcado un importante precedente en el avance de la justicia en material de los delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales –cometidos bajo la sangrienta dictadura del general Pinochet- aún permanecen impunes.

La decisión de la jueza es un precedente de la búsqueda de verdad y justicia en  numerosos delitos de lesa humanidad, como por ejemplo los referentes a la desaparición forzada. En este sentido, el Artículo 17.1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 18 de diciembre de 1992, establece: "todo acto de desaparición será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se haya esclarecido los hechos"

"La desaparición forzada de personas es un delito permanente. La razón fundamental de los retrasos en los procesos judiciales es la clara falta de cooperación de los presuntos responsables.”, dijo Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional, al reconocer el avance, recuerda a las autoridades la importancia de la labor independiente de los magistrados; que deben resolver "los asuntos que conozcan (...) sin influencias (...), presiones, amenazas o intromisiones indebidas (...)  de cualesquiera sectores o por cualquier motivo"

La víctima más emblemática de la causa es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación “Cristianos por el Socialismo”, y quien fue detenido el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres. Según testimonios, Woodward estuvo también detenido en el carguero Lebu, siendo trasladado posteriormente al Hospital Naval por sus malas condiciones de salud tras las torturas, para luego ser llevado al cerro Playa Ancha, donde se le perdió la pista el 22 de septiembre de ese año.

Equipo de Comunicaciones
Amnistía Internacional  - Chile
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