El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, interrogó el  lunes en calidad de inculpado por los crímenes de Paine, al comandante de la segunda división del Ejército de la Región Metropolitana y juez militar de Santiago, general activo Guillermo Castro Muñoz.

De acuerdo a informaciones emanadas de los Tribunales de Justicia, al menos habrían dos militares que acusaron a Castro en relación al episodio de Paine, en el cual entre septiembre y octubre de 1973 efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo y civiles asesinaron a 29 campesinos de esa localidad al sur de Santiago.

El interrogatorio al general Castro fue producto de una solicitud que hizo al juez Solís el abogado Luciano Foullioux, quien representa en esta causa a la abogada Pamela Pereira. El padre de esta abogada se encuentra entre las víctimas cuyos cuerpos fueron escondidos en una quebrada y luego desenterrados en 1978 y lanzados al mar, por la jauría militar.

Durante cuatro horas declaró además ante el juez Héctor Solís el prefecto (R) de la Policía de Investigaciones Rafael Castillo. El ex jefe del crimen organizado fue consultado para que ratificara las investigaciones policiales que le correspondió supervigilar, y que dicen relación con la vinculación del general Castro en este episodio. Este criminal tenía el grado de teniente o capitán a 1973 cuando sucedieron los hechos.

El ex funcionario de la policía civil también fue careado con el coronel (R) Andrés Magaña Bau, quien es uno de los procesados como coautor material de asesinar a los campesinos. Magaña comandaba el grupo de la Escuela de Infantería que participó en estos hechos, junto a varios de civiles que fueron encausados también hace unos días por el juez Solís.

Esta situación viene a reflejar una vez más, la imperiosa necesidad de limpiar y democratizar las Fuerzas Armadas chilenas de todos o una gran parte del escalafón de oficiales que se formaron bajo el alero de la dictadura y que están involucrados en los robos, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos cometidas al amparo del régimen militar. Más aún, cuando los Altos Mandos neofascistas de las Instituciones militares, aún mantienen estrecho contacto con la UDI y RN, además de proporcionarle información de inteligencia, de primera mano. Lo que refleja por otro lado, que los altos mandos de las fuerzas armadas chilenas, siguen siendo los guardianes de los intereses económicos del 18% más rico del país.

Podrán pasar los años, pero los muertos asesinados por la dictadura claman verdad y justicia. Verdad que termina imponiéndose siempre. Pero lo más lamentable de todo, es el cargo que tiene este asesino que ha sido amparado por el Ejército, lo que da cuenta que los discursos de "nunca más" son falsos, y solo buscan limpiar la imagen institucional, pero no limpiar sus filas de los oscuros personajes que sirvieron a la dictadura.

Los chilenos se preguntan anonadados, como es posible que después de cuatro gobiernos de la Concertación todavía existan militares en servicio activo, con las manos manchadas de sangre por los crímenes cometidos. ¿Quién controla, encubre y protege los antecedentes de esta tropa de criminales? ...es la pregunta que se hace la mayoría de los chilenos.
16/01/08

* Agencia Indoamericana de Prensa 

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