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Videla, Harguindeguy, Nicolaides, Menéndez y Bussi son algunos de los acusados por la acción represiva conjunta de las dictaduras del Cono Sur La justicia federal elevó a juicio oral y público el expediente que investiga la acción represiva conjunta de las dictaduras del Cono Sur conocida como Plan Cóndor.
La decisión del juez Sergio Torres afecta al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y a otros 16 militares. En la nómina de militares llevados al banquillo de los acusados se encuentran Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros y Eduardo Daniel De Lio, entre otros.
La medida ordenada por Torres, que subroga en la causa al renunciante Guillermo Montenegro, incluye a Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Ramón Genardo Díaz Bessone, Antonio Vañek, Juan Pablo Saa, Carlos Tragant, Bernardo Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Antonio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Arturo Alais.
Videla cumple arresto domiciliario desde 1998 por el robo de bebes ocurrido durante la dictadura.
A todos ellos -procesados en una medida confirmada por la Cámara Federal- se les imputan delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del denominado Plan Cóndor como se conoció al programa de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en los setenta.
Pedido presidencial
La elevación a juicio de los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, que forma parte de la megacausa del I Cuerpo del Ejército, se produce diez días después de que la Cámara Nacional de Casación Penal convalidara la reapertura de la causa en que se investigan los crímenes ocurridos en la ESMA
El máximo tribunal penal del país destrabó así el más demorado de los casos de derechos humanos que estaba pendiente de resolución desde hace cuatro años.
A lo largo de su gestión el presidente Néstor Kirchner insistió una y otra vez para que la Justicia avanzara con las causas que investigan lo ocurrido durante la última dictadura.
Su embestida más fuerte fue justamente contra la Cámara de Casación y, en particular, contra su titular Alfredo Bisordi que, poco después pidió una licencia en el cargo.
Durante la etapa de instrucción la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación a todos los procesados detenidos a excepción de Videla que nunca solicitó ese beneficio.
De todas maneras, la mayoría de los militares está detenida por otras causas también relacionadas con crímenes de la dictadura.
Acuerdo criminal
En estas actuaciones se investiga la "concertación de un acuerdo criminal", como se calificó a los procedimientos conjuntos de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador para la "comisión de ilícitos, entre ellos la desaparición forzada de personas" que provocaron centenares de víctimas.
En el marco de la pesquisa se investigan las privaciones ilegítimas de la libertad de alrededor de 70 víctimas, entre ellas María Claudia Irureta Goyena de Gelman, nuera del escritor Juan Gelman, desaparecida en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976.
* Tomado de La Nación, Argentina, 29 de noviembre de 2007
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