Es muy grave que la Corema, encabezada por la intendenta, haya otorgado un permiso ambiental sin respetar la legalidad, dejando además a la ciudadanía sin posibilidad de participar. Peor aún: el área en cuestión ha sido declarada zona de interés científico para la minería. Eso significa que para actividades distintas de la científica, se debe contar con una autorización de la Presidenta, cosa que no ocurrió. Todavía más: esta reserva, junto con el Parque Nacional Lauca y el Monumento Natural Salar de Surire, forman una unidad como Reserva de la Biosfera otorgada por la Unesco, en 1981. Es un área de interés mundial. Y por si fuera poco, al autorizar esta exploración minera en una reserva nacional se están violando convenios internacionales como los de la Diversidad Biológica, la Convención de Washington, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, además de no respetar apartados ambientales en el pacto comercial entre Chile y Canadá.