A nivel de la Jurisprudencia latinoamericana, el caso Velásquez  Rodríguez vs. Honduras abrió las puertas a la justicia para muchos casos de desaparecidos en el Continente. Posteriormente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido también dictámenes y fallos que inexplicablemente el Juez Orlando álvarez  no ha tomado en cuenta. Su dictamen no refleja la gravedad de los crímenes de los que se acusa a Alberto Fujimori, ni el hecho de que sus acciones afectaron a decenas de miles de personas. De ahí la comparación de que Alberto Fujimori parece haber sido tratado como un simple  ladrón de automóviles (que por supuesto tiene derecho a ser tratado con apego a la ley). Sin embargo, para juzgar los actos de un ex-jefe de Estado hay que hacerlo desde la perspectiva de la jurisprudencia internacional en la materia y de los avances en contra de la impunidad del poder ejecutivo en América. Esta jurisprudencia fue citada por el tribunal londinense que ordenó finalmente la extradición de Augusto Pinochet a España. Como todo el mundo recuerda, esa orden fue revocada por el entonces Ministro del Interior sobre la base de informes médicos.