En ambos casos el Gobierno efectuó un cumplimiento formal y un incumplimiento material de su obligación de publicar los hechos probados y los puntos resolutivos de las sentencias en un “diario de amplia circulación nacional”. En efecto, dichas sentencias fueron publicadas por el diario “La Nación” del 22 de Enero de este año (el caso Claude Reyes) y del 13 de Mayo (el caso Almonacid Arellano). Sin embargo, se escogió un matutino que tiene una ínfima circulación nacional (8.872 ejemplares promedio diarios que representa el 1,56% del total, de acuerdo al informe sobre el segundo semestre del año pasado efectuado por el Sistema de Verificación de la Asociación Nacional de la Prensa); y lo que es mucho más grave aún, se lo publicó en ambos casos en la sección de Avisos Económicos, sin hacer ninguna referencia en portada. Es decir, se publicó de forma tal que prácticamente ningún chileno se ente­rara. Si consideramos que la primera de esas sentencias condenaba al Estado chileno precisamente por violar el derecho de acceso a la información pública; y que la segunda está referida a un caso de detenidos-desaparecidos, lo anterior es simplemente para quedar indignados.