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La brutal embestida contra los Pingüinos

por Víctor Osorio (Crónica Digital)

jueves, 14 de junio de 2007

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La brutal embestida contra los Pingüinos
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Tras la contundente movilización realizada por los estudiantes secundarios hace un año, el Gobierno preparó una rigurosa estrategia para prevenir la irrupción de una nueva embestida social de los pingüinos. Todo indica que no le resultará fácil lograr sus propósitos.

Nadie desconoce el impacto de la movilización convocada en mayo del 2006 por la Asamblea de Estudiantes Secundarios. Provocó la primera “crisis política” de envergadura que enfrentó el Gobierno de Michelle Bachelet. Y puso en jaque, en el ámbito del sistema de educación, la sustentabilidad del modelo neoliberal, que con tanta pasión han preservado las Administraciones de la Concertación, con la colaboración del conjunto del establishment.

Los expertos en ingeniería política de Palacio elucubraron entonces un completo plan para prevenir la reemergencia de un escenario similar, que en las últimas semanas se ha puesto en marcha con una brutal consistencia. La fórmula no es novedosa: combina el intento de quitar legitimidad al movimiento y la represión en su contra.

El único problema para el éxito de esta estrategia es que no se hace cargo de la legitimidad del contenido mismo de las demandas que han sido planteadas por los estudiantes. “Queremos dignidad, nos que nos eduquen para seguir siendo pobres. Estamos cansados de que nos sigan robando (...) Exigimos que nuestros colegios vuelvan a manos del Estado y garantizar la equidad que nunca hemos tenido”, señaló Zainab Ebrahimi, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 7 de Niñas de Santiago.

La estrategia de palacio
Los aspectos más visibles del diseño del Gobierno fueron la resolución de las demandas más inmediatas (la denominada “agenda corta”) y la constitución del Consejo Asesor Presidencial de Educación, a partir de cuya labor se presentaron este año proyectos como la Ley General de Educación (LGE), en reemplazo de la LOCE.

De este modo se creaba la imagen (ilusoria) de que las demandas planteadas por el movimiento estudiantil secundario habían sido resueltas y que, por lo tanto, ya no existía justificación para su movilización, como si el sistema educacional hubiera experimentado transformaciones significativas en este período (lo que, obviamente, no ha ocurrido) y como si las iniciativas legales propuestas por el Ejecutivo recogieran la totalidad de la demanda estudiantil (lo que no es efectivo en aspectos clave, tales como la municipalización de la enseñanza y la Jornada Escolar Completa).

Esa imagen ilusoria, en el cálculo del Gobierno, quitaría legitimidad en el plano de la opinión pública a una posible movilización estudiantil. “La movilización no tiene justificación”, sería el obvio mensaje.

Los aspectos más turbios de aquella estrategia tenían dos vectores. El primero, erosionar la fortaleza organizacional del movimiento estudiantil, a través de la cooptación de liderazgos y la introducción de “cuñas internas” (por la oposición de la estructura de la Región Metropolitana con las otras Regiones, o el conflicto entre los jóvenes partidarios de intensificar la movilización social versus los más proclives al “diálogo” y la negociación).

El mensaje también sería inequívoco: “El movimiento estudiantil está dividido. Ya no tiene la fortaleza y la mística de hace un año”. En el marco del desgaste de la capacidad movilizadora, a raíz de las maniobras ya señaladas, se introduciría otro mensaje: “La movilización tiene una convocatoria más reducida en relación a la ocurrida en mayo del 2006. Es empujada sólo por un grupo minoritario”.

Por cierto, la estrategia no tendría viabilidad sin un permanente refuerzo de los medios de comunicación del establishment, preocupados –más que por la buena salud del Gobierno– por los posibles efectos que la lucha de los pingüinos puede provocar sobre la estabilidad del modelo con el cual están comprometidos, por el camino de mostrar la fecundidad del camino de la movilización. Como señaló “La Tercera” en su Editorial del pasado 7 de junio, el problema es que se instale “en algunos sectores la idea de que medidas de fuerza (…) pueden ser útiles para satisfacer demandas sociales”…

Los mensajes, claro, también son ilusorios. Primero, porque parte significativa de las fracturas del movimiento estudiantil, base de su eventual menor fortaleza en el plano de organización y movilización, han sido inducidas por la iniciativa del propio oficialismo… En segundo lugar, porque coyunturas como la ocurrida en mayo del año pasado, el nivel de unidad del movimiento y la envergadura de su movilización, son más bien excepcionales.

En rigor, las controversias internas son propias de todo movimiento social, y el movimiento estudiantil secundario no es ajeno a esa característica. No es, por lo tanto, un indicador válido para medir su legitimidad. Asimismo, cada una de sus movilizaciones debe ser evaluada según sus propios méritos y el hecho que cada una de ellas no tenga la misma envergadura que la mayor que han realizado con antelación no significa que esas acciones carezcan de consistencia.

El país pudo conocer esta estrategia en octubre del año pasado, cuando ocurrió el último intento de los estudiantes por desencadenar movilizaciones. En una concertada respuesta, todas las autoridades manifestaron que las protestas “ya no tienen justificación” y que eran impulsadas por un “grupo minoritario”.

El segundo vector es aún más turbio. Es la represión.

Este aspecto del diseño fue la expresión de una drástica resolución política, que –conforme al brillante análisis de los estrategas palaciegos– identifica la causa del descenso de la adhesión ciudadana al Gobierno en el marco de la “revolución pingüina” a la “imagen de incapacidad del Ejecutivo por mantener el control del orden público”.

Además, la represión era un componente clave del éxito de la estrategia, pues se retroalimentaba con el propósito de erosionar la fortaleza del movimiento, pues lo que pretendía era ciertamente introducir la variable del temor, como sustento para la desmovilización de amplios sectores de los estudiantes.

El “ensayo general” también pudo observarse en octubre del 2006. Frente a las tomas de liceos, se dispuso el inmediato desalojo policial, en recordados casos como los Liceos Lastarria de Providencia y Nº 1 de Niñas de Santiago. Después, se instruyeron medidas administrativas, expresadas en matrículas condicionales y expulsiones.

Habría que agregar un hecho muy importante, que pasó más desapercibido por la opinión pública: a finales del pasado año escolar o en los inicios del actual, se procedió a sancionar con cancelaciones de matrícula a innumerables jóvenes, a los que se destacaron en el liderazgo de la “revolución pingüina”… Pudieron continuar sus estudios en otros establecimientos, en los que carecían de historia y trayectoria dirigencial. De esta forma, se golpeaba a la organización estudiantil en sus propias bases.

Ejecución de la estrategia
En la actual coyuntura, la operacionalización del “diseño estratégico” ha podido ser apreciada en toda su magnitud, luego del reinicio de la movilización, a partir de la primera ocupación del Liceo Manuel Barros Borgoño.

Por la mañana del miércoles 6 de junio, el Instituto Nacional apareció tomado por un grupo identificado con la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES). El Centro de Alumnos del establecimiento se había retirado hace unas semanas de la organización, con otros “liceos emblemáticos”, para formar una nueva entidad denominada “Asamblea General de Estudiantes Secundarios”.

Ya en la primera hora de la toma, los medios de comunicación del establishment habían instalado la idea que la ocupación era protagonizada por “un grupo de estudiantes descolgados de la decisión que adoptaron los propios institutanos al votar en contra de la movilización” (sic).

La aseveración fue recogida por “La Tercera” en su Editorial del día siguiente, el que señaló que la toma del Instituto Nacional impidió a “la gran mayoría de los estudiantes asistir normalmente al establecimiento”. Más aún, indicó que “una de las principales características que dieron fuerza a la protesta estudiantil del año pasado fue la unidad y la responsabilidad del movimiento”, cosa que no se apreciaría ahora. En el caso del Instituto Nacional, enfatizó, “la participación de un grupo de estudiantes que adhieren a la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios de la que se retiró el establecimiento con otros liceos emblemáticos da cuenta del evidente quiebre que hay en el movimiento”. Y citaba las primeras declaraciones del presidente del Centro de Alumnos de ese colegio criticando la movilización.

Luego, sentenciaba que “los desalojos son una medida correcta y necesaria, que busca dejar clara la ilegitimidad de la acción de grupos minoritarios”.

Si esta situación no fuera tan seria, invitaría a reír a gritos. Porque apenas once páginas después, el mismo diario consignó, en la información sobre la situación, que “pasadas las nueve de la mañana se abrieron las puertas del colegio para hacer una reunión de consejos de curso. Algunos profesores incluso alcanzaron a trasladarse a sus salas para iniciar las clases, cuando la asamblea determinó, mediante votación a mano alzada, volver a tomarse el establecimiento. ‘El liceo decidió seguir en toma por un consenso de todos los alumnos presentes’, dijo el presidente del Centro de Alumnos, Víctor Díaz”.

En efecto, el presidente del Centro de Alumnos, Víctor Díaz, había explicado que en una consulta a los estudiantes realizada el día anterior, 1.518 se pronunciaron a favor de la toma y 1.740 la rechazaron. Y que aún faltaba recoger la opinión de 15 cursos, equivalentes a unos 600 votos, para tomar una decisión. Por aquella razón, la toma fue depuesta y luego la asamblea decidió reanudarla, ahora con el respaldo de todos los estudiantes. Por otro lado, Díaz precisó que la decisión de todos los jóvenes era movilizarse: la controversia era respecto de las formas.

Pasadas las 13:30 horas, Carabineros procedió al desalojo del establecimiento, resultando más de 200 adolescentes detenidos, los que fueron trasladados a la Tercera Comisaría de Carabineros.

El camino del desalojo es el mismo que se ha adoptado respecto de otras tomas que se han producido en el curso de los últimos días. Ese mismo día fue el turno del Liceo de Aplicación, en el que 400 estudiantes habían iniciado la toma, tras una decisión mayoritaria de los estudiantes en una asamblea interna.

Los policías rodearon el edificio, con cascos y escudos, sortearon la bloqueada puerta principal e ingresaron hasta el patio en donde se encontraron con los estudiantes sentados en sus pupitres, cantando el himno del establecimiento y con los brazos arriba.

La tendencia a reprimir las tomas se generalizó, no impidiendo la proliferación de tomas y retomas (después de los desalojos) en los Liceos Barros Borgoño; A 7 Teresa Prat de Sarratea; Confederación Suiza; Cervantes, A 4 Isaura Dinator de Guzmán; A 14 Libertador José de San Martín; A 24 Comercial Gabriel González Videla; Amunátegui; República de Brasil, A 48 Juana de Ibarbourou (Macul), Juan Antonio Ríos de Quinta Normal, A 73 Santiago Bueras de Maipú y A 70 de Estación Central.

La toma del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna de La Florida también terminó con un desalojo. Pero tuvo un ingrediente adicional: la líder del movimiento estudiantil, María Jesús Sanhueza, fue expulsada junto a otros dos alumnos. La medida fue adoptada por el alcalde Pablo Zalaquett, quien además presentó una querella contra quienes resulten responsables de los millonarios daños.

En cuanto a la actuación de María Jesús, señaló que ella “cree que el mundo gira en torno a ella. Se cree una pequeña reina, alguien le tiene que poner los puntos sobre las íes”…

Según denunciaron los estudiantes, los excesos represivos han sido la tónica. En una declaración que se entregó a la prensa el pasado 8 de junio señalaron:

“Liceo Anexo Benjamín Vicuña Mackenna: A nuestras compañeras, el lunes 4 de Junio durante su detención (por 16 horas), fueron obligadas a desvestirse y amenazadas con ser entregadas a los presos comunes para que fueran abusadas sexualmente.

“Liceo Santiago Bueras de Maipú: Tras la entrega pacífica del establecimiento, fueron detenidos y maltratados física y psicológicamente por Fuerzas Especiales de Carabineros. También ocurrió en otros establecimientos como el Instituto Nacional y el Liceo A 70, entre otros.

“Liceo 4 de niñas: Aproximadamente 20 compañeras fueron desalojadas el 7 de junio por más de un centenar de fuerzas especiales. A pesar que no ofrecieron resistencia en la detención, fueron brutalmente golpeadas. A una compañera le quebraron un dedo de la mano, otra terminó con graves hematomas en la espalda y el resto con diversas lecciones en el cuerpo.

“Un compañero del Liceo 14 en un el desalojo resultó con el 15 por ciento de su cuerpo quemado con ácido tras el violento ingreso de carabineros (Cristopher Rodríguez Muñoz). Los compañeros habían decidido desalojar pacíficamente”.

Los dirigentes también se refirieron a “la expulsión y cancelación de matrículas de muchos compañeros, sumadas a las constantes amenazas de expulsión que reciben” los estudiantes “que aún no se movilizan”.

Al clima de represión se sumaron las insinuaciones oficiales de que la entrada en vigencia de la nueva Ley de Responsabilidad Juvenil, permitiría la aplicación de más drásticas sanciones a los estudiantes secundarios en movilización.

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