La sociedad tiene el derecho a defenderse de quienes contravienen la ley y el orden público, pero como en la institución de la legítima defensa, la reacción debe ser proporcionada para que no se convierta en abuso. Así, una “solución” basada en la detención arbitraria de una minoría para velar por  la seguridad de la mayoría no puede ser alabada ni promovida. Las soluciones deben basarse en el goce igualitario de los derechos afirmado en el respeto mutuo, en las mejoras de la educación pública, el ejercicio de la libre expresión y una legislación que garantice y promueva más libertad y no que las restrinja. 
*El autor es Director Ejecutivo, Amnistía Internacional - Chile