Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades guatemaltecas a investigar un crecimiento preocupante de asesinatos, allanamientos e intimidaciones contra defensores de derechos humanos y llevar ante la justicia a los responsables.

Aprovechando el clima de impunidad que se vive en el país, grupos clandestinos y el crimen organizado han incrementado sus esfuerzos para detener el trabajo de activistas de derechos humanos.

“Desde campesinos asesinados por defender el derecho de representar los intereses de su comunidad, hasta abogados intimidados por proveer asesoría legal en casos de crímenes contra la humanidad, vemos un patrón común de ataques seguido de impunidad” dijo Sebastián Elgueta, Investigador por Guatemala de Amnistía Internacional.

El 6 de febrero fue asesinado Israel Carías Ortiz junto a sus dos hijos de nueve y 10 años cuando regresaba a su casa en Los Achiotes, departamento de Zacapa. Informes preliminares indican que Israel recibió cuatro impactos de bala, mientras que sus dos hijos fueron muertos por un tiro a la cabeza cada uno. Israel era activista del Comité de Unidad Campesina y, a pesar de haber recibido amenazas anteriormente, seguía en sus labores de representar a su comunidad en una disputa por tierra que mantiene. La madre de Israel falleció al conocer lo sucedido.

El 5 de febrero personal del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) recibieron una amenaza de muerte. Una nota dejada en el carro de un miembro de CALDH les aseguraba repercusiones si no dejaban de laborar en apoyo a casos contra algunos de los responsables por violaciones a derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno.

El mismo 5 de febrero, al regresar a sus labores el personal del Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y la Asociación Comunicarte, que comparten oficinas, encontraron sus locales allanados. Además de la pérdida de algunos equipos, el personal reportó que muchos de sus archivos fueron revisados por los asaltantes.

Entre el 12 y 25 de enero, el investigador medioambiental, Flaviano Bianchini recibió siete amenazas de muerte por teléfono y reportó cinco actos de vigilancia en su contra. Había laborado en un informe donde se alegaba que operaciones mineras en San Marcos resultarían en destrucción al medioambiente local.

El 15 de Enero fue asesinado el sindicalista Pedro Zamora, en Puerto Quetzal, departamento de Escuintla. Según los informes, cinco individuos dispararon unas 100 balas contra la camioneta de Pedro Zamora, y de ellas unas 20 lo alcanzaron a él. Malherido, estrelló su vehículo contra un muro, antes de que, según los informes, uno de sus atacantes se acercara y lo rematara con un disparo a quemarropa en la cabeza. En su función como secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ) había participado en negociaciones con la gerencia para la reinstalación de trabajadores despedidos.

Entre el 13 de septiembre 2006 y el 23 de enero 2007 el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) ha reportado ocho incidentes separados de vigilancia, amenaza de muerte e intimidación. ECAP que trabaja cercanamente con CALDH, se enfoca en proveer apoyo a comunidades que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno armado.