Pocos días después que un fallo ciudadano condenara a la trasnacional Barrick Gold a abandonar Argentina, Chile y Perú, el gobierno de la provincia argentina de San Juan   dio la autorización ambiental que restaba para operar el proyecto Pascua Lama en el lado argentino. En esa provincia la minera Barrick ya explota el yacimiento Veladero, y se propone además iniciar faenas en Famatina ( La Rioja). La aprobación no sorprendió a los opositores al proyecto, pues es coherente con la conducta habitual de las autoridades ambientales de los Estados de la región, que hasta la fecha no sólo han ignorado las denuncias de la comunidad sino también los informes científicos que objetan este tipo de minería a tajo abierto por sus altos costos ambientales.

La sustentabilidad social y financiera de un proyecto que se inicia con este elevado índice de desaprobación ciudadana ciertamente es escasa. Sus costos ambientales podrán no ingresar en las (inexistentes) cuentas verdes de nuestros países, que no han incorporado la medición de las pérdidas de recursos naturales, pero en la contabilidad social de los pueblos del continente las responsabilidades nacionales y locales han quedado a la vista.  

Acogiendo un argumento de la defensa sobre la responsabilidad de los gobiernos democráticos que han suscrito protocolos como el Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina (1997, gobiernos de Eduardo Frei y Carlos Menem), el tribunal propuso realizar el próximo año un juicio ético a esos gobernantes y otros funcionarios públicos entre los cuales ahora quedaría incluido el gobernador de San Juan, Argentina. El público había aplaudido con entusiasmo una parte de la intervención del abogado Jaime Gallardo, defensor de oficio de Barrick, quien sostuvo que los principales responsables del daño ambiental y social eran los gobiernos democráticos, que legislaron para autorizar este tipo de emprendimientos. 

Un tribunal público condenó a la transnacional Barrick Gold Corporation a ser  expulsada de los territorios en que opera en Chile, Argentina y Perú, por ser responsable de graves atentados ambientales, sociales, culturales y económicos, producto de sus políticas, programas y acciones. El juicio popular se realizó el 26 de noviembre, durante el II Foro Social Chile realizado en Santiago en el campus de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile con la participación de centenares de organizaciones sociales de la capital y también de regiones. 

En esos días, Pascua - Lama, el controvertido proyecto binacional de explotación a tajo abierto de oro  de Barrick ya aprobado en Chile por CONAMA, aun esperaba el pronunciamiento final de Argentina. Allí, la autoridad había objetado el Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa, entre otras razones por vacíos en la información relacionada con el glaciar ubicado en esa área, pero finalmente esas objeciones desaparecieron.  Por el lado chileno, el proyecto se ubica en la III Región, a unos 150 km de Vallenar, en la Provincia de Huasco, mientras que por el argentino se encuentra en la Provincia de San Juan. "Pascua", la parte chilena del proyecto, está en la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, de ambiente semidesértico. En Chile se condicionó la aprobación a que no se afecten los glaciares, condición que en la práctica destruirá los glaciares Toro 1, 2, y Esperanza. No hay precedentes en el mundo de una explotación a tajo abierto, con voladuras, que deje indemnes glaciares presentes en la zona impactada. 

La sentencia condenatoria contra Barrick fue pronunciada por el tribunal conformado por Miguel Palacín Quispe, de la Coordinadora Andina de Pueblos Indígenas, Juan Carlos Cárdenas del Centro Ecocéanos , y la Hermana Cristina Hoar, del Departamento  Paz Justicia y Ecología de la CONFERRE (Confederación de Religiosos),  con el voto en contra del representante de Amnistía Internacional Eduardo Saavedra Díaz. Sin embargo, Saavedra suscribió todos los restantes acápites del veredicto, entre los cuales está la exigencia  a Barrick de indemnizar a las víctimas y restaurar  los ecosistemas afectados. La hermana Cristina Hoar, de nacionalidad indonesia y miembro de la Congregación  Misioneras Siervas del Espíritu Santo, conoce los glaciares, ubicados a 4.600 metros sobre el nivel del mar, donde llegó invitada por los mineros que realizaban sondajes en el lugar desde 1985. Ella trabajó varios años con su congregación en Alto del Carmen, interiorizándose del proyecto y sus efectos en el Valle del Huasco. Por su parte, el Centro Ecoceanos para la Conservación y el Desarrollo Sustentable, que dirige Juan Carlos  Cárdenas, es una organización ciudadana independiente, que trabaja por la conservación y el manejo sostenible de los recursos y ecosistemas costeros y oceánicos así como por el fortalecimiento de la participación informada y propositiva de la sociedad civil. 

Testigos de cargo
El tribunal, convocado por los movimientos sociales, principalmente organizaciones y redes de campesinos, pequeños productores y ciudadanos de los tres países afectados,  apoyados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, operó teniendo como fiscal al periodista argentino Javier Rodríguez Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas Frente a la Minería y temprano detractor de la transnacional Barrick en su país. Rodríguez Pardo, dirigente del Movimiento Antinuclear del Chubut, fue el primero en revelar los nexos y turbios negociados de George Bush padre con la minera. 

La defensa de la parte demandada –que se excusó formalmente por carta de acudir al juicio al que fue citada- la asumió el abogado Gallardo, designado "de oficio" por OLCA. Contundentes testimonios fueron entregados entre otros, por la integrante de la comunidad diaguita Adriana Campillay, el concejal de la comuna de Alto del Carmen, Luis Faura, Juan Navarro, de la Confederación Nacional de Comunidades frente a la Minería de Perú y Ana Gloria González, de Vecinos Autoconvocados de Famatina, de Chilecito (La Rioja, Argentina), donde Barrick realiza faenas de exploración.

Por más de cuatro horas, centenares de jóvenes y adultos participantes en el Foro Social se mantuvieron atentos al juicio, realizado en el auditórium de Arquitectura, en una tórrida tarde de verano en que era innecesario recordar que el agua vale más que el oro.  

Los asistentes escucharon por ejemplo al economista chileno Julián Alcayaga que expresó su esperanza de que la Corte de Apelaciones declare ilegal el funcionamiento del puesto de aduana de Pascua-Lama, financiado por Barrick. El proyecto contempla sólo la extracción del mineral en Chile, el que sería enviado a través de un túnel ya construido a Argentina, para su tratamiento. Está pendiente la respuesta a un recurso de nulidad de derecho público contra el decreto 116, que autoriza a la transnacional a pagar los servicios del SAG y funcionarios de aduana que deben estar en el túnel, así como también la propia construcción del puesto de aduana. Alcayaga informó además que Sergio Jarpa, vicepresidente de CODELCO Norte desde mayo de este año, fue gerente de Barrick el año 2000, por lo que sostuvo que los hombres de Barrick están en el gobierno de Bachelet.   

El ingeniero de minas sanjuanino Hugo González dio a conocer el deficiente trabajo de las contratistas de Barrick en la mina Veladero, que ya lleva un año de funcionamiento. Un informe de control de calidad sobre el  aislamiento de las napas subterráneas que están recibiendo los 250 millones de toneladas de escombros tóxicos, sostiene que se está usando equipo pesado que provoca fisuras en la geomembrana, lo que genera contaminación del agua. Reveló también que los socios de Barrick en Veladero son empresas fantasmas de las Bermudas e Islas Caimanes. 

El veredicto final exhorta al nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a considerar aplicable las normas de Derecho Internacional en materia de derechos humanos, a las empresas. Entre ellas está el Convenio de Lugano de 1993  sobre responsabilidad civil por los daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, y el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, exige a los Estados latinoamericanos modificar su legislación para  posibilitar sanciones carcelarias para los responsables  de daños ecológicos como los cometidos por la minera Barrick Gold Corporation.  

Los daños comprobados 
El veredicto especifica que Barrick expulsa de sus territorios ancestrales a comunidades de productores pequeños y medianos, sin traer beneficios económicos a las zonas afectadas y generando trabajo inseguro, mal remunerado, con vulneración de los derechos sindicales y represión a las luchas salariales. Hay 14 trabajadores de Barrick muertos en el lado chileno, en diversos accidentes del trabajo y hay muertos en Perú como parte de la represión a demandas por mejores salarios.

La explotación a tajo abierto, sumada a los procesos de lixiviación con energía y agua subsidiadas,  utilizados por Barrick, destruye ecosistemas frágiles y bienes comunes no renovables, como   las cuencas hídricas del valle del Huasco, y las aguas cordilleranas del departamento de Ancash, Perú (mina Pierina), de las provincias de San Juan y La Rioja (afectadas por Pascua-Lama, Veladero y el proyecto Famatina).  Acusa el veredicto que además del oro se extraen minerales no denunciados, a los que denominan "tierras raras", y que son minerales críticos y estratégicos requeridos, entre otras, por la industria cibernética.