Hoy domingo 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, a pocas horas de la muerte de Augusto Pinochet Ugarte, los chilenos residentes en Edmonton, provincia de Alberta, Canadá desde septiembre de 1973, nos hemos reunido en una jornada de reflexión, de intercambio de sentimientos, de emociones y de ideas en torno al occiso que sale del mundo por una puerta lateral: esa puerta lateral que le abrieron las Cortes de Justicia de Chile, al dilatar los procesos y las sentencias por crímenes de lesa humanidad en contra del dictador.  Tenemos información de que en otros puntos del mundo (Australia, Nueva Zelandia, Francia) los chilenos residentes han hecho algo similar, reunirse para analizar el momento en que muere el dictador y sus consecuencias para los juicios y procesos pendientes.

Los chilenos que nos quedamos en la diáspora del exilio a que fuimos forzados, hemos meditado en lo que significa para nosotros la partida del dictador que nunca fue condenado debidamente por la Justicia chilena, por la evidente falta de voluntad política del conglomerado concertacionista que gobierna en Chile, desde 1990.

Al repasar la historia de la humanidad, nos queda claro que ningún dictador ha sido juzgado ni condenado en un juicio “post-mortem”.  No ocurrió así con Hitler, Franco, Batista, Somoza ni con Stroessner.  Es nuestro firme propósito que no ocurra lo mismo con Pinochet.  No olvidamos a nuestros muertos –a quienes honramos junto a la memoria del presidente mártir- ni olvidamos nuestros propios pesares en el exilio.  Manifestamos el innegociable propósito de  no aceptar ningún punto final porque Pinochet haya muerto: su muerte no borra los años de dictadura ni mucho menos borra los crímenes del dictador, crímenes de lesa humanidad a los que se suman la corrupción, el tráfico ilegal de armas y narcóticos, el enriquecimiento ilícito por la privatización de toda la industria nacional en beneficio de consorcios locales y foráneos y la apropiación de bienes materiales y de fraude al fisco que son bienes que le pertenecen al pueblo de Chile.

Nosotros, los del exilio, no celebramos hoy la muerte del tirano indeseable, como lo hicieran sus cómplices civiles y extranjeros el 11 de septiembre de 1973 después del crimen contra el Dr. Salvador Allende, legítimo gobierno de Chile.  Al contrario, nos indigna la salida cobarde que buscaron las derechas chilenas y la Concertación, esperando el deceso del dictador, para poner fin a los juicios que se iniciaron un 12 de enero de 1998, cuando una mujer presentó la primera querella judicial contra el tirano. 

Quienes deben celebrar hoy –sin duda que en privado lo han hecho- son los jueces de las Cortes de Justicia, las derechas chilenas cómplices de la dictadura y los socios extranjeros que usaron de “monigote útil” al tirano para derrocar al gobierno de la Unidad Popular, en 1973.  A ellos les corresponde celebrar, porque una cosa es la farsa y la farándula de llanto con que posan para la foto, y otra muy distinta es el indesmentible alivio que sienten al sacarse de encima un lastre que ya les estaba pesando demasiado.  Las víctimas de la dictadura (desaparecidos, muertos, torturados y exiliados) no inquietan a los reaccionarios chilenos, pero la corrupción que ha quedado en descubierto a partir de las millonarias cuentas del dictador y de su grupo familiar en bancos extranjeros, les quita el sueño, sobre todo en tiempo de elecciones.  Esta muerte inoportuna del dictador en un día como hoy, les produce un enorme suspiro de tranquilidad a los defensores del régimen dictatorial y a sus asociados.  Ya no tienen que continuar “el show” de estirar y encoger la cuerda de los comparendos y recusaciones contra tal o cual juez que pudiera tener un gramo de voluntad para llevar el juicio a un puerto final.  Para los administradores de justicia, la muerte del dictador es una tregua impagable en la tarea majadera de alargar los procesos contra los crímenes de la dictadura y de sus adeptos, porque nadie olvida que hay civiles escudados tras el uniforme cobarde de quien desgobernara y dividiera a Chile durante 17 años.

Para los opositores, simplemente se fue el tirano, se fue sin condena judicial.  Se fue sin tener la hombría de hacer el mea culpa, reconocer sus crímenes y pedir perdón: se fue sin reconocer que su obra fue un crimen contra chilenos, contra el gobierno del Dr. Allende y contra la patria toda, reconocimiento que habría puesto la piedra inicial en el doloroso camino de la reconciliación de los chilenos por la unidad de esa patria.  Se fue con la misma vileza con que vivió desde 1973.  Le deja un legado de bienes y dineros mal adquiridos a su familia, y también le deja la vergüenza eterna con que la Historia le recordará.

Esa ha sido la jornada de reflexión que nos ha ocupado esta tarde de domingo, a miles de kilómetros de la patria perdida por culpa del anciano dictador que sale hoy de este mundo, con sus facultades mentales totalmente lúcidas y sin un gesto de pesar por los crímenes cometidos.