En el presente trabajo abarcaremos la corrupción desde distintos puntos de vista:
La manipulación de la voluntad popular en el período autoritario y liberal, por la intervención de los gobernadores en las mesas electorales;  en el parlamentarismo hasta 1958, por el cohecho, el voto de los muertos y las encerronas; el sistema binominal que hace completamente inútil la elección de senadores y deja el sistema político en manos de los partidos.

La relación entre la política y los negocios, que incluirá la apropiación de terrenos salitreros, por parte de diputados y senadores, la entrega de las tierras magallánicas y de la araucanía a privilegiados jerarcas políticos, los abusos de los amigos de Arturo Alessandri, en la execrable camarilla y, por último, las relaciones actuales entre los negocios y la política.

La corrupción administrativa, fundamentalmente del poder judicial, la prevaricación y el sometimiento al poder político.          

 Una larga historia de defraudación de la soberanía popular
La existencia de elecciones periódicas no es una característica exclusiva de los regímenes democráticos: en las dictaduras también se realizan apariencias de elecciones que, en el colmo de la desfachatez, terminan dando un 100% al tirano de turno. En el Chile del régimen portaliano no existía la democracia: el voto era censitario, es decir, sufragaban aquellos que tuvieran, al mínimo, un bien raíz; las inscripciones electorales eran controladas por los gobernadores y, en general, los gobiernos déspotas ilustrados del período portaliano lograban la mayoría absoluta de los electores presidenciales, - en ese tiempo las elecciones eran indirectas, como en la actualidad funciona en Estados Unidos -. Por ejemplo, Joaquín Prieto, el primer gobernante de los decenios, acaparó la totalidad de los doscientos electores; Manuel Bulnes sólo tuvo veintinueve votantes disidentes, logrando más de doscientos representantes a su favor. La república liberal, que si bien realizó grandes cambios políticos, como la limitación del período presidencial y la presunción de posesión de bienes raíces que amplió el sufragio a todos los varones mayores de veintiún años, continuó con la práctica del poder hereditario, en el sentido de que cada presidente designaba a su sucesor. Así, Errázuriz Zañartu pasó el poder al candidato oficial, Aníbal Pinto, y éste a Domingo Santa María, quien a su vez impuso a José Manuel Balmaceda. En cada una de estas elecciones nada pudieron hacer sus rivales: José Tomás Urmeneta logra, apenas, cincuenta y ocho electores contra doscientos veintiuno de Errázuriz. El carismático intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackena, apoyado por los conservadores, es derrotado por Pinto. El limitado general Manuel Baquedano, a pesar de haber triunfado en la Guerra del Pacífico, es fácilmente vencido por Domingo Santa María. Por último, el radical y masón, Francisco Vergara, se ve obligado a retirarse ante el poder de la intervención oficial, que se pronuncia por José Manuel Balmaceda.

En el senado, los partidos de gobierno, pelucones y posteriormente liberales, mantienen la totalidad de las bancas hasta el año 1876, año en que para conservar las apariencias, los presidentes liberales permiten uno o dos senadores del partido opositor, en este caso, el clerical partido conservador. Sólo en la cámara, en el período liberal, podemos encontrar una minoría significativa de opositores.

El sistema electoral, además de restringido numéricamente, lleno de limitaciones en el ejercicio del sufragio, - vedado a la mujer, a los sirvientes domésticos, a los analfabetos que en ese tiempo correspondía a más del 80% de la población; en el período de los decenios a quienes no poseían bienes raíces-, estaba dominado por los gobernadores, nombrados directamente por el presidente de la república, que controlaban las inscripciones y las mesas receptoras del sufragio. Para la oposición era imposible lograr un cargo parlamentario sin la aquiescencia del presidente de la república. Don Abdón Cifuentes, líder conservador, ingenuamente le preguntó al presidente Federico Errázuriz que cuándo habría elecciones libres y la respuesta no se hizo esperar: cínicamente, don Federico le contestó que nunca, lo cual equivalía a que jamás los presidentes liberales iban a permitir la libertad electoral. Con la misma franqueza, el más interventor de los presidentes, Domingo Santa María, le escribía al redactor de su biografía diciendo: “Entiendo el ejercicio del poder como una voluntad fuerte, directora, creadora del orden y de los deberes de la ciudadanía. Esta ciudadanía tiene mucho de inconsciente todavía y es necesario dirigirla a palos(...) Entregar las urnas al rotaje y a la canalla, a las pasiones insanas de los partidos, con el sufragio universal encima, es el suicidio del gobernante y no me suicidaré por una quimera. Veo bien y me impondré para gobernar con lo mejor y apoyaré cuanta ley liberal se presente para preparar el terreno de una futura democracia. Oiga bien: futura democracia(...) Se me ha llamado interventor. Lo soy. Pertenezco a la vieja escuela y si participo de la intervención es porque quiero un parlamento eficiente, disciplinado, que colabore con el bien público” (Góngora, 1986:59.)

Estas confesiones del presidente Santa María constituyen una pieza clásica de la concepción liberal, heredada del despotismo ilustrado español: el poder pertenece por derecho divino a una clase aristocrática, emparentados entre ellos, que por medio de la intervención se traspasan el trono presidencial y, por consiguiente, el legislativo, el judicial y los cargos públicos. Nada de rotaje, calificado como la canalla. Los partidos estaban al servicio del todopoderoso presidente. La democracia vendrá después, algo así como el famoso “después de mí, el diluvio”, de Luis XIV. Por hoy hay que aplicar palos y bizcochuelos, como diría Portales.

El fin del intervensionismo presidencial se gestará en un trágico escenario: la guerra civil de 1891 y el suicidio del presidente  José Manuel Balmaceda. Las interpretaciones historiográficas de este período son múltiples: Francisco Encina recurre a la sicología para sostener que en el trasfondo de esta tragedia hay un conflicto de personalidades entre los secos y mercantiles vascos y el imaginativo, versátil y meridional Balmaceda. Para Alberto Edwards la guerra civil es el fin de lo que él llama “el estado en forma” y que nada podía evitar este derrumbe. En los años cincuenta, historiadores marxistas como Julio César Jobet, Hernán Ramírez Necochea y Luis Vitales, entre otros, exploran una nueva faceta del conflicto entre Balmaceda y el Congreso, exaltando la labor del presidente mártir como un defensor de las riquezas del salitre, explotado por los ingleses, y como un gran realizador que emprendió un basto programa en obras públicas, extensión de la educación, industrialización del país y nacionalización de las finanzas y los bancos, entre otras de las obras de su gobierno. Balmaceda, según Ramírez, tuvo que luchar contra la alianza de banqueros, latifundistas y empresarios, que eran aliados y servidores del capitalismo inglés, en especial, del rey del salitre, John Thomas North, en pos de un desarrollo independiente del país. Por consiguiente, no se puede llamar revolución de 1891, sino una contrarrevolución dirigida por la burguesía plutocrática.

Thomas North era un especulador, dotado de gran capacidad histriónica. Se le llamaba, pomposamente, “el rey del salitre”. Quiso hacer de su vida una verdadera novela: le gustaba recalcar sus comienzos humildes como maquinista en Carrizal, y la inteligencia y astucia demostrada al comprar, a un precio irrisorio, los bonos de las oficinas salitreras del gobierno de Perú. Como le gustaba presentarse fanfarronamente como un triunfador, decía que había prestado apoyo a los chilenos, en la guerra del Pacífico, pues estaba seguro de su triunfo. North, descubriendo la importancia del agua en la provincia de Tarapacá, se las arregló para desprestigiar a sus rivales, que tenían concesiones del gobierno chileno, comprando los derechos del oasis de Pica, a ínfimo precio, a la viuda de uno de los concesionarios. El agua de North, además de cara, era putrefacta. A su vez, con la ganancia de los bonos se apropió de las mejores oficinas salitreras. Compró al peruano Montero las líneas de tren  que comunicaban a Iquique con Pisagua, teniendo el monopolio del transporte. Instaló, además, un banco en Iquique, y una compañía de abastecimiento. North no sólo poseía salitre: era dueño de minas de carbón y de otras explotaciones en Europa. Como tenía un gran sentido de la escena, le gustaba alardear con grandes fiestas y obras de caridad en su ciudad natal, incluso, aspiraba a ser miembro de la Cámara de los Comunes. Los inversionistas lo seguían como a un verdadero mago de las finanzas. Sin ninguna vergüenza, construyó un fondo para comprarse a periodistas y políticos que tuvieran influencia en el gobierno chileno; su viaje a Chile, en 1889, fue fastuoso repartiendo dádivas por doquier, a las cuales no escapó el presidente Balmaceda, a quien obsequió un caballo de carrera, donado luego por el presidente a la Quinta Normal.  North  lograba engañar a los inversionistas en base  a su fama de genio de los negocios: cuando el precio de las acciones del salitre bajaban, vendía sus acciones  dejando a los incautos compradores en la estacada. Cuando murió el especulador rey del salitre no tenía ninguna acción de sus antiguas compañías.

Balmaceda enfrentó a North en su viaje a Iquique, en 1889, denunciando la verdadera factoría inglesa, perteneciente a este famoso especulador, manifestando que su ideal era que los ferrocarriles pertenecieran a Chile; incluso, sin abandonar el liberalismo económico en boga, animaba a capitalistas chilenos a invertir en las salitreras. El historiador Hernán Ramírez demuestra la relación corrupta entre políticos y abogados, no sólo al servicio de North, sino también de la casa Gibbs.

La explicación economicista y monocausal de Hernán Ramírez ha sido puesta en cuestión por el historiador inglés  Harold Blakemore que, en su libro Gobierno chileno y salitre inglés, refuta la tesis del historiador marxista sosteniendo que, salvo en el caso del ferrocarril salitrero, Balmaceda no tenía una clara política nacionalizadora y que su imagen se debía a una mitología construida después de su heroica muerte, construida por ex presidentes anti oligárquicos, como el dictador Ibáñez del Campo, quien recibió la banda de manos de Enrique Balmaceda, hijo del presidente mártir. Posteriormente,  gobiernos avanzados y nacionalizadores, como los de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, se sintieron interpretados por los ideales de Balmaceda.

Para el historiador inglés, Blakemore, existían en Chile, en esa época, importantes conflictos de hegemonía entre las empresas británicas, por ejemplo, los intereses de North respecto al monopolio de los ferrocarriles salitreros eran puestos en cuestión por la poderosa casa Gibbs, y ambas presionaban al gobierno chileno para obtener la concesión de los mismos. Por lo demás, diarios como El Ferrocarril y El Mercurio no pocas veces denunciaban, también, el carácter monopólico del enclave inglés. La documentada versión de Blakemore ha servido a historiadores conservadores, como Gonzalo Vial, para refutar la visión marxista de  Hernán Ramírez y Julio Cesar  Jobet.

Con razón, Marco García de la Huerta critica la reduccionista visión monocausal de la guerra civil de 1891. Hay elementos importantes en el plano cultural, que no podemos dejar de lado, como la penetración del modernismo en la literatura, con base en el aporte de Pedro Balmaceda junto a su amigo, el poeta nicaragüense Rubén Darío. Es preciso considerar que la casi totalidad de los partidos políticos  y de la aristocracia estuvieron en el bando del Congreso y sentían a  José Manuel Balmaceda como un tirano, que había ascendido al poder a los siúticos, aquel sector social de arribistas resentidos que quieren escalar imitando a la aristocracia. No faltaron las ocasiones en que los “jovencitos bien” pifiaran al ministro de Balmaceda, Bañados Espinoza, en el Club Hípico, gritando: afuera los siúticos, con lo cual se podía presagiar el nacimiento de un conflicto de castas. Esta claro que la hipótesis del apoyo popular a Balmaceda, en la guerra civil, no tiene ninguna sustentación: para los pobres, obreros y campesinos, este era un conflicto de futres, en el cual ellos eran sólo carne de cañón. Por lo demás, Balmaceda se distanció del movimiento popular al aplicar la represión en las huelgas de 1890; el único partido popular que existió en esa época se dividió en dos sectores: uno dirigido por Malaquías Concha, que apoyó al presidente, y el otro, por Antonio Poumpin, que apoyó a los congresistas, muriendo junto a los pijes, en la matanza de Lo Cañas. Los curas y las mujeres, en su mayoría, estuvieron a favor de los congresistas, incluso, el manifiesto del Congreso fue transportado en el refajo de una dama. El historiador Fidel Araneda prueba documentalmente los odiosos discursos de los sacerdotes contra la familia Balmaceda e, incluso, el orador sagrado, Miguel ángel Jara, en una célebre pieza oratoria, envía a los infiernos al suicida presidente.      

El triunfo de los congresistas permitió el cambio de la llamada intervención presidencial a la libertad electoral. El régimen seudo parlamentario que, a diferencia de sus congéneres europeos, no permitía la disolución del Congreso por parte del presidente de la República, sino que fue más bien un régimen plutocrático dominado por partidos políticos anarquizados. Los primeros mandatarios eran estafermos, carentes de todo poder, una especie de “reinas de Inglaterra sin corona”, por ejemplo, Jorge Montt era un almirante de una Armada chilena que, ostentosamente,  pretendía imitar a la británica. Según sus contemporáneos, carecía de toda capacidad política. En su gobierno las dos combinaciones de partidos, la alianza que incluía a los radicales, y la coalición a los conservadores, producto de un resabio de la lucha teológica, se repartían los gabinetes. Federico Errázuriz Echaurren, un latifundista macuco, pretendió manejar, en base a la habilidad, a los partidos omnipotentes, fracasando rotundamente. Germán Riesco, un abogado cuyo gobierno fue dominado por los políticos y la corrupción, terminó siendo vilipendiado por aquellos que él mismo había exaltado. Pedro Montt prometió un resurgimiento siendo su gobierno un completo fiasco; el presidente de mala suerte según el escritor Joaquín  Edwards Bello, terminó su gobierno con la matanza de Santa María de Iquique. El gobierno de Ramón Barros Luco fue un interludio cómico, pleno de humor y carente de realizaciones. Juan Luis Sanfuentes, el ex balmacedista, jugador de la bolsa y las manipulaciones políticas, terminó por conducir a la derrota el reinado feliz de la oligarquía.