En cada escándalo de corrupción hay hechos que configuran delito y muchos otros que son frescura de raja, falta de ética o simple indecencia; los hechos no punibles, por lógica, no llegan a los tribunales de justicia. Pienso que la judicialización de la política es una muestra más de que nuestra democracia es coja y débil. Si el personero político confunde los negocios personales con su cargo en el Ejecutivo o en el Legislativo y, además, trafica con las influencias, a lo sumo recibe el nombre de “lobista” que, para mí, es una actividad completamente ilegítima y siento vergüenza que el Congreso chileno discuta una ley sobre algo que no me parece honesto, (es como legalizar la coima).

Muchos de los ex funcionarios del gobierno del ex presidente Lagos, a pocos meses de dejar sus cargos, se han convertido en directores de empresas privadas: la AFP Provida, Endesa, Gener, Guacolda, y otras. Se da la casualidad que muchas de ellas deben ser reguladas por el Estado. Al fin, ¿a qué lado se inclinará el corazón y el bolsillo de nuestros prohombres? No es muy difícil averiguarlo.

Sólo mis alumnos de Derecho creen, con Santo Tomás y los demócrata cristianos, que el Estado está al servicio del bien común. Dios les conserve la pureza virginal. El Estado siempre es fuerza, al servicio de una clase –para Marx – o legítima para Max Weber. Todo el pensamiento político cree que el Estado es una excrescencia que debe desaparecer, necesariamente. En el capitalismo salvaje chileno el gobierno es la sirvienta de las grandes empresas, por lo demás, la regentan los mismos personajes, razón por la cual es impensable la responsabilidad política respecto de los recursos fiscales; siempre termina pagando, en cada escándalo, un funcionario de rango menor. Con mucha razón, un amigo mío me hacía ver que no debería sólo condenar a los operadores políticos, sino a sus jefes, verdaderos responsables y mentores de la sinvergüenzura que predomina en la casta política tontilandesa. ¿Acaso Noemí respondió por el escándalo de CODELCO, o el presidente de la CORFO por la estafa de Inverlink?

Como  los sobresueldos a los altos funcionarios públicos no constituían delito, aun cuando era antiestética e inmoral, pasaron piola en un Acuerdo entre José Miguel Insulza y Pablo Longueira, que dio lugar a una ley de probidad administrativa que se ha probado, con el caso de ChileDeportes, que para bien poco sirve; como un escándalo tapa al otro, pasamos ahora a la empresa “de papel” Publicam Ltda. y las facturas para cubrir gastos electorales, reembolsables por el Servicio Electoral.

Es obvio que no basta con dar más facultades a la Contraloría, ni siquiera modernizarla; nada se saca con nuevas leyes de probidad, pues la corrupción está en el centro de nuestras malas costumbres políticas. Para nada sirve una Constitución moralista como la de Juan Egaña, al comienzo de la República, las leyes no cambian a los hombres, ni mejoran las costumbres, lo que debemos hacer es ampliar las facultades de los ciudadanos para fiscalizar permanentemente a las autoridades. Es muy ridículo el argumento sostenido por Guido Girardi, en el sentido de que los ciudadanos juzgarán su accionar, cuando todos sabemos que los partidos seleccionan a sus dirigentes, que el sistema binominal desvirtúa  la soberanía popular y que los electores sólo votan cada ocho años por los senadores. ¿Cree Ud. que dentro de ocho años los ciudadanos se van a acordar de Publicam? Le apuesto doble contra sencillo que en ese período tendremos más de veinte nuevos escándalos. Lo que sí podría hacerse, y está en la propuesta de los diputados “díscolos” es:

prohibir a los funcionarios públicos formar parte del directorio de empresas privadas, al menos un año después de dejado el cargo.