“Comuníquese, publíquese y archívese”, jamás “cúmplase”. Así eran las leyes de la Colonia. Las cartas se demoraban meses y años, como hoy los carteros las abandonan en sitios eriazos. Internet no sirve para las tareas jurídicas, pues hasta ahora los funcionarios cosen con hilo negro los fallos; este método era muy simpático en la Colonia, pues los gobernadores más ladrones, como Barrabás Meneses o García Carrasco y su amigo, Martínez de Rosa, podían hacer cualquier barbaridad dejando contento al bueno de Carlos IV. Cuando usted escuche o lea frases tan maravillosas como que el asunto de Chile-deportes es muy serio y debe ser aclarado hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga” y como que “en mi gobierno se entra y se sale con las manos limpias”, meteremos las patas pero no las manos créanlo, por favor, pues las pronuncian autoridades de una altísima calidad moral y no son culpables de las brutalidades que hacen los apitutados.

Los llamados escándalos son como pan comido para los medios de comunicación, pero como todos sabemos, un tema o una noticia mueren súbitamente cuando ocurre otro escándalo que llenará la pauta de la semana siguiente. ¿Quién se acuerda de Juan Pablo Dávila, de Monasterio, de Tombolini o de Rebolledo? Por eso no hay que preocuparse de los escándalos pues el tiempo, como las arenas del desierto, borra las huellas.

Cuando los hechos adquieren carácter de delito pasan al poder judicial y  ahí esperan un lento engranaje de recursos por parte de los abogados defensores; después de años, Pablo Rodríguez ha logrado la orden de no innovar en la querella de Impuestos Internos en contra Augusto Pinochet y familia. Los chilenos, herederos de los españoles, sólo creemos en los papeles: lo que no está escrito, sellado y sacramentado por un notario, no existe, razón por la cual los Diarios siempre colocan una factura o boleta, con timbre del SII, que dé más fuerza a sus argumentos. Por ejemplo, La Segunda, del 26 de octubre de 2006, incluye tres facsímil: una por cuatro millones, otra por poco más de siete millones y otra cuyas cantidades no son visibles. Según este Diario, algunos funcionarios – no determinados – gastaron en una comida $1.500.000 para 14 contertulios, es decir, $100.000 por persona; si gastaron todo ese dinero, estarían con una diarrea apocalíptica; ahora, es posible, si son muy finos y beben finos vinos franceses y comen langosta, la cuenta podría alcanzar esa suma.

“El asunto, el presunto, el posible” escándalo de Chile-Deportes se ha convertido en una bendición para la oposición, que no tenía ningún norte ni destino, pues ha logrado ensuciar al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y, de nuevo llenar de querellas, como es su costumbre, a nuestros pobres y saturados jueces; además, paulatinamente, van haciendo crecer los motivos del auto de acusación: empezamos con malversación y terminamos con asociación ilícita para perpetrar delitos.

De las toneladas de oro de Pinochet, en el banco HSBC, de Hong Kong, ahora quedan sólo documentos, pues ese banco asiático sostiene que, por ahora, no hay trazas de ningún lingote de oro. El ministro del Interior, Belisario Velasco, dice no tener antecedentes y no saber si es cierto o falso; el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, afirma que sólo hay antecedentes de una institución sumamente seria. ¿Acaso existen instituciones poco serias? Bueno, como en la Colonia, el Consejo de Defensa del Estado, los detectives de la brigada de delitos económicos, el juez a cargo de la causa, deberán comprobar la veracidad de estos documentos. Al final, siempre el culpable será un pobrete llamado “Moya”.

Si usted tiene ocasión de ir al Archivo de Indias, en la Lonja de Sevilla, podrá comprobar cómo los anaqueles llenos de papeles, todos sellados y notariados, están a punto de derrumbarse. ¡Por favor, no los lean!, pues sólo sirven para los archiveros y no tienen ningún valor histórico, pues todos son oficios sobre juicios falsos realizados en Hispanoamérica, para dejar contento al rey de España, para que los criollos continuaran haciendo tropelías. La ley se acata, pero no se cumple.