PARA QUIENES EL tema de los organismos y alimentos modificados genéticamente constituye una preocupación real, tanto por las insospechadas consecuencias de su consumo, como por el secretismo en que estos cultivos se autorizan en nuestro país, la lucha por lograr que los ciudadanos de nuestro país puedan ejercer el derecho a decidir informadamente ha tenido momentos de satisfacción y otros que retrotraen todo ese optimismo a una situación de pesimismo anterior.

Así, hemos visto cómo la internación de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas fue objeto de una ley, la 20.116, publicada en agosto de este año, que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el fin de prohibir o regular la importación o cultivo de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas, estableciendo fuertes sanciones, en dinero y cárcel, para quienes realicen la introducción de estas especies al país sin autorización, sin las medidas de seguridad adecuadas y sin contar con los resguardos necesarios para enfrentar y asumir cualquier daño al medio ambiente.

De la misma manera, un proyecto de ley que establece la obligación de etiquetar los productos alimenticios genéticamente modificados, indicando su calidad de tales, está también cerca de convertirse en ley. Además, sólo es cosa de poner atención para comprobar que la presión de una cada vez mayor cantidad de consumidores ha obligado a muchas empresas a informar públicamente la eliminación de los OGM de sus productos, lo mismo que sucede con la atención que han debido prestar los productores de alimentos a la preocupación de las personas por no ingerir grasas trans.

Secretismo del SAG
Sin embargo, contrariamente a la falsa impresión que pudieran dar los antecedentes mencionados, las empresas y consorcios internacionales siguen aprovechando la falta de regulación nacional en estas materias para incursionar en procesos biotecnológicos de los que la ciudadanía ni se entera, en virtud del secretismo que el Servicio Agrícola y Ganadero permite respecto de las normas sobre estas actividades,.

En esa línea se enmarcan las denuncias efectuadas por la organización científica Fundación Sociedades Sustentables respecto del aumento de cultivos farmacéuticos y el eventual ingreso a Chile de compañías semilleras que tienen prohibición de operar en otros países. De acuerdo a los antecedentes aportados por esta ONG, los cultivos farmacéuticos se han triplicado en un año, con los consiguientes peligros para la poblacion y violacion de la actual regulación. Estos cultivos son sembrados con el propósito de producción comercial de fármacos, en lugares desconocidos y a espaldas de los agricultores y los consumidores, que podrían estar comprando productos contaminados con fármacos como antibióticos o vacunas.

La voz de alerta en esta materia se produce cuando empresas como Ventria Bioscience, se traslada a Chile, sembrando en el año 2005 en predios de San Fernando, en la VI Región, dos hectáreas de arroz transgénico. Sin embargo, estos cultivos farmacológicos se vienen produciendo desde 1997, a través de distintas empresas, como Limagrain y Agrosearch, en las regiones IV, VI, VIII, IX, X y Metropolitana, con productos como maíz, cánola, cártamo y arroz, que entre sus características tienen, por ejemplo, altos contenidos de Lipasa gástrica de perro (sí, de perro) y albúmina de suero humano.

Estas modificaciones genéticas introducidas al arroz tienen por objeto, según han indicado las empresas propietarias, en algunos casos prolongar la vida de una gran variedad de alimentos procesados, utilizándolo como agente antimicrobiano en tripas de salchichas y en productos cocidos de ave y carne. En otros, su uso apunta a una amplia gama de procedimientos médicos para el tratamiento de víctimas de quemaduras severas, y para usos no terapéuticos, como excipientes y como revestimiento de dispositivos médicos.

Aunque quienes internan estas semillas a Chile insisten en que no hay ningún riesgo ni para las personas, ni para los cultivos cercanos que pudieran verse contaminados, las medidas adoptadas por ellos siguen siendo un misterio. Sólo utilizando el sentido común podemos decir: si no hay ningún riesgo y todo es para mejor, ¿por qué no se puede saber dónde están estos cultivos, de manera de verificar que efectivamente se adoptan las medidas de bioseguridad necesarias? Ante esta básica interrogante, que se viene haciendo hace años, todavía no hay respuesta.

Tampoco nada se informa acerca de graves hechos, como el ocurrido en marzo de este año en Londres, cuando un ensayo en el hospital Nothwick Park con el fármaco transgénico TGN 1412, un anticuerpo monoclonal anti inflamatorio desarrollado por la compañía alemana TeGenero, para tratar enfermedades como artritis reumatoide, leucemia y esclerosis múltiple terminó, a pocos minutos de haberlo inyectado en ocho personas, con seis de ellos evidenciando severas reacciones, a tal punto que debieron ser ingresados a UTI del establecimiento médico.

Todo esto hace absolutamente legítimo insistir en la prohibición de la siembra de transgénicos en Chile, pues son innecesarios y acarrean riesgos impredecibles y poco estudiados a la biodiversidad, al medio ambiente y, sobre todo, a la salud humana. Si estos cultivos, finalmente, son liberados, debe cumplirse con la exigencia de restringir la siembra de cultivos transgénicos y efectuar el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Además, debe prohibirse la liberación de cultivos farmacéuticos al aire libre, por el grave riesgo de contaminación a cultivos alimenticios cercanos, impactos desconocidos a la biodiversidad y la salud humana. El SAG tampoco debería otorgar permisos a compañías rechazadas en otros países. De otro modo las empresas biotecnológicas involucradas y el Estado deben asumir su responsabilidad en caso de daño a la salud humana.