La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, -CODEPU- en homenaje a los cientos de miles de víctimas de violaciones  a los derechos humanos, ha deducido acción criminal contra, Augusto Pinochet Ugarte, Fernando Matthei, Edgard Cevallos Jones, Ramón Cáceres Jorquera, y de todos los que resulten responsables en  calidad de autor, cómplice o encubridor por los delitos de secuestro, asociación ilícita genocida y torturas, perpetrados en la Academia de Guerra Aérea -AGA- entre septiembre de 1973 y fines de 1974, en circunstancias que Fernando Matthei era el director de dicha institución formadora de futuros oficiales.

La AGA devino en centro clandestino de torturas, por donde padecieron el cautiverio oficiales y sub oficiales constitucionalistas, incluido el General Alberto Bachelet y civiles resistentes al golpe de estado. Todos y cada uno de quienes fueron sometidos a los espurios consejos de Guerra (Rol 1-73 y 84-74) dirigidos por el Servicio de Inteligencia de la FACH,  fueron objeto de los mas indecibles y crueles apremios a la integridad física y psíquica, generando un daño indeleble que hasta el día de hoy perdura.

La acción judicial, patrocinada por el abogado de CODEPU, Hiram Villagra Castro, se hace en favor de tres sobrevivientes del centro de torturas -AGA, Oscar Eduardo del Pino Salinas, ex funcionario de CORFO; Sergio ávila Gallegos y Ricardo Lorenzo Gálvez Ulloa, ambos sub oficiales (R)  de la FACH.

La responsabilidad criminal de Fernando Matthei, queda fehacientemente demostrada desde que él mismo reconoce haber recorrido los subterráneos de la AGA en momentos en que se encontraban abarrotados de prisioneros. El General Matthei en declaración judicial prestada recientemente ante el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Fuentes Belmar, ha reconocido que se trataba de un “Campo de Prisioneros”.

CODEPU reitera una vez mas la acción decidida de la justicia, el terminar con  la impunidad ante las violaciones graves a los derecho humanos, representa la aspiración mas sentida de reparación frente al inmenso daño ocasionado como consecuencia de una política de Estado que atentaba sistemáticamente contra los derechos esenciales de las personas.

Federico Aguirre Madrid

Equipo Jurídico

CODEPU                                                    
Santiago; 11 de septiembre de 2006