Aprovechando el caos político en México, las empresas trasnacionales de transgénicos, junto a varios investigadores y autoridades mexicanas, intentan, otra vez, que se apruebe la experimentación con maíz transgénico en el país, paso indispensable para luego aprobar la siembra comercial a gran escala. Como clones del Santa Anna en el siglo XXI (1), algunos funcionarios gubernamentales e investigadores no cejan en su intento de entregar el patrimonio genético del país a las trasnacionales.

Todo indica que las autoridades salientes involucradas creen que no tendrán que dar cuentas al público, y quieren aprovechar para hacerle el favor a las compañías (¿a cambio de alguna transacción innombrable?) de ¡por fin! autorizar la siembra de maíz transgénico en el centro de origen del cultivo, contra la lógica, contra el conocimiento, contra los intereses de México, contra la voluntad popular de la aplastante mayoría de los mexicanos y, además, contra la ley.

Por tercera vez, usando el privilegio de apelación que le concede a las empresas la ley Monsanto (ley de bioseguridad), las empresas Monsanto, Dow y Pioneer (Dupont) vuelven a insistir con siete solicitudes de experimentación de maíz transgénico en campos del INIFAP en Sinaloa y Tamaulipas. Las solicitudes están en el sitio de Senasica (2) ( www.senasica.gob.mx/solicitudes_OGMs/solicitudes_reconsideracion/ ) en "consulta pública" hasta el 19 de septiembre. Cualquier persona puede enviar sus opiniones a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla , pero para ser consideradas "deben estar sustentadas técnica y científicamente". Anuncian así que los millones de campesinos, indígenas, ambientalistas, consumidores, artistas e intelectuales, los que recibirán los impactos negativos y lo expresan desde sus propias perspectivas y realidades, no cuentan como "público" de esta "consulta".

Desde que comenzó el proceso de estas solicitudes en el año reciente, las empresas, algunos agricultores industriales posiblemente pagados por ellas y las autoridades se refieren a un tal Proyecto maestro de maíz, elaborado por unos pocos investigadores mexicanos con las empresas, que permitiría analizar "seriamente" las ventajas o problemas que tendría la siembra de maíz transgénico en México. Con leves variaciones, han afirmado que estas experiencias darían respuesta "científica" a las interrogantes y cuestionamientos que han hecho ambientalistas y campesinos, entre muchos otros, sobre los riesgos de plantar maíz transgénico en México.

En su apelación más reciente, las empresas se refieren al Proyecto maestro como "nueva" información científica y técnica, lo que garantizaría que las experiencias se hagan de modo "seguro", teóricamente evitando contaminar otras variedades. Para ello, anexan a las solicitudes cartas del INIFAP, que afirma no haber encontrado presencia de maíces criollos o parientes del maíz en un radio de 300 metros de los campos experimentales. El anexo 4 de dichas solicitudes, titulado "Lineamientos para buenas prácticas de experimentación. Proyecto maestro", recomienda medidas adicionales para evitar que haya flujo de polen transgénico desde las parcelas experimentales. El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, declaró a la prensa que luego de haber consultado con los responsables jurídicos de su secretaría, la de Medio Ambiente y los de las empresas biotecnológicas, "creo que están cubiertas las exigencias de las leyes, cosa que no ocurrió la vez anterior (a fines de 2005 y principios de 2006), cuando sí hubo algunas omisiones en los procedimientos". (Lourdes Edith Rudiño, El Financiero, 27 de agosto de 2006)

Pero las leyes no deberían ser un problema de "creencias" de funcionarios gubernamentales ni de interpretaciones de las partes comercialmente interesadas a las que la ley supone regular. Y el artículo 2 de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) establece que antes se debe aprobar un régimen de protección especial del maíz y otros requisitos que no se han cumplido.

Las solicitudes y el Proyecto maestro anexado, sólo se refieren a medidas de seguridad durante la experimentación. Discutibles, por cierto. Por ejemplo, en varios trabajos científicos se considera que el polen de maíz se puede dispersar a distancias mucho mayores de 300 metros. Pero esa discusión nos desviaría del tema fundamental ahora: claramente, en los documentos a consideración, el objetivo no es la investigación de los impactos del maíz transgénico -no estudiarán el flujo génico, ni los impactos en la biodiversidad y mucho menos los efectos de la contaminación que sí saben que existe en muchas partes de México; los aspectos sociales, culturales y económicos brillan por su ausencia- sino una micro-evaluación de rendimiento y efectividad, eliminando cualquier otra variable. Evaluación puramente formal, porque la parcela experimental es un espacio limitado, artificialmente controlado, en circunstancias que nunca se repetirán en la realidad. ¿O a poco los agricultores que optaran por plantar maíz transgénico van a tomar las mismas medidas para evitar la contaminación?

Descartada así la palabrería sobre "investigación" y "definición científica de controversias" con la que se han llenado la boca los funcionarios e investigadores que defienden estas experiencias, queda al desnudo la intención real: cumplir cuanto antes con el requerimiento de la fase experimental, para habilitar a las empresas al próximo paso: la solicitud de liberación comercial.

El uso del momento político, las seudojustificaciones y el derroche de dinero y recursos públicos para satisfacer los deseos de sus majestades imperiales -las voraces trasnacionales de los transgénicos- no logran ocultar el trasfondo real: no hay ninguna forma de evitar la contaminación, si se libera el maíz transgénico en plantación comercial.

La fase experimental supuestamente "segura", no tiene ningún valor y no es más que la justificación para la etapa siguiente, legalizar la siembra -y la contaminación- del maíz transgénico en su centro de origen, con total impunidad para las transnacionales.

Notas
 (1) El General Antonio López de Santa Anna, siendo presidente de México,"vendió" más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos en 1848.

 (2) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)