Por vigésima tercera vez, el Comité Especial de la ONU para eliminar el colonialismo concluyó su debate anual llamando al gobierno de Estados Unidos a resolver el caso de Puerto Rico. Tal como ha venido reiterándose, la resolución se adoptó por consenso, es decir, sin oposición de Washington ni de ningún otro gobierno al que se le diera el encargo.

Pero ahora el tema, que ha permanecido en agenda desde 1960, mostró nuevos matices. Estos derivan del Informe que en diciembre pasado rindió el Grupo de Trabajo que la Casa Blanca hace algunos años designó para dictaminar sobre la cuestión puertorriqueña. Sus conclusiones fueron que dicha isla aún es una posesión territorial --una colonia-- norteamericana, cuyo status está sujeto a los poderes del Congreso estadounidense, al que se le pide decidir lo necesario para resolver la situación.

En otras palabras, 25 años después de la Guerra Fría y tras el cierre de las bases militares en Puerto Rico, para Washington la isla perdió su antiguo interés geopolítico y económico. Dado que mantener su status colonial es demasiado costoso, que anexionarla como estado de la Unión tendría indeseables consecuencias étnico-culturales y puesto que la reciente crisis fiscal y política del gobierno colonial demostró que ese régimen ya es insostenible, el establishment norteamericano ha pasado a considerar otras alternativas.

Aunque en América Latina las dirigencias políticas han demorado en percibir el cambio de situación, este año las deliberaciones del Comité Especial de la ONU se enriquecieron con algunos nuevos participantes. Entre ellos, el ex presidente argentino Raúl Alfonsín, como portavoz del Comité de América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista (CALCIS), y el político mexicano Gustavo Carvajal, a nombre de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), las dos mayores agrupaciones continentales de su género. Ambos reivindicaron la independencia de Puerto Rico como una aspiración continental que viene de los tiempos de Simón Bolívar y José Martí, y que ahora reúne las condiciones para hacerse realidad.

La resolución del Comité Especial reitera que “el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional”. Por lo mismo, llama al gobierno de Washington a emprender un proceso que le permita a ese pueblo ejercer plenamente su derecho a la libre determinación y la independencia. Al efecto, pide implementar la participación de todos los sectores de opinión de Borinquen según el principio de que “toda iniciativa para la solución del estatus” de la isla “debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico”.

Adicionalmente, la resolución del Comité demandó la limpieza y descontaminación de las tierras de la isla que las fuerzas armadas de Estados Unidos emplearon como áreas de impacto de sus ejercicios militares, para dejarlas en aptitud de servir al desarrollo socioeconómico del país. Y, una vez más, reclamó la libertad a los puertorriqueños que, desde hace un cuarto de siglo, están en prisión a consecuencia de las luchas por eliminar las bases militares e independizar a su patria. Además, que cesen las acciones represivas que las corporaciones policiales estadounidenses aún emprenden contra los independentistas borinqueños.

Hoy por hoy, la isla tiene la infraestructura y las capacidades humanas suficientes para desarrollarse con éxito como una república independiente. En estas circunstancias la resolución de la ONU, lo mismo que la propuesta del Partido Independentista Puertorriqueño, no se reduce a la tradicional denuncia antimperialista, sino que propone un proceso de transición para solucionar finalmente el problema. Sin embargo, no basta que Washington de signos de entender que esa opción le conviene, sino que es indispensable que América Latina tome el asunto en sus manos.

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