Recientemente, la Cámara de Diputados decidió realizar una sesión especial para analizar los impactos ambientales de la salmonicultura, así como su cumplimiento de las leyes laborales en el sur de Chile. Esta medida representa una tardía pero necesaria reacción del mundo político, frente a denuncias que diversas organizaciones sociales, equipos de investigación y agrupaciones sindicales vienen realizando hace mucho tiempo, respecto del mal manejo de esta industria en temas de primera importancia, como el verdadero aporte social que representan y su sustentabilidad ambiental.

Casi de inmediato, voces del empresariado y de algunos parlamentarios hicieron un llamado a la calma, a “ser responsables y serios respecto a los dichos en contra de la industria salmonera”, timoratos de dañar la imagen internacional de la actividad, o de molestar a los industriales salmoneros con una fiscalización que debió hacerse hace mucho, en vista de las sucesivas denuncias en contra de la salmonicultura, por ámbitos tan diversos como la explotación laboral, el uso de sustancias prohibidas en el cultivo de salmones, la continua muerte de buzos o la generación de mareas rojas.

Frente a esas denuncias, justamente lo responsable y serio es sentarse a conversar con bases científicas y no haciendo defensas corporativas, especialmente por todo lo que ha significado esta actividad en los fiordos australes: la salmonicultura ha sido tremendamente perjudicial para la Décima Región, al hacerla una zona monoproductora (más del 80% de sus exportaciones son sólo salmón), altamente intensiva en la explotación del recurso hídrico, y tremendamente dependiente de los vaivenes de la economía internacional ya que el 98% de la producción de salmón tiene como destino los mercados internacionales.

Además, la industria salmonera ha sido acusada de utilizar antibióticos en abundancia, contribuyendo a acelerar la resistencia de las bacterias ante estos medicamentos; utiliza verde malaquita que es un funguicida peligroso para la salud; pintura antifouling que produce graves daños a la fauna y al ecosistema; colorante para anaranjar aún más los salmones según el gusto del consumidor; también contribuye al fenómeno de las mareas rojas; y degrada los recursos hidrológicos del país, debido a la sobrecarga de nutrientes que produce esta industria, como el fósforo y el nitrógeno. En cuanto a los riesgos para la salud humana, el salmón puede contener importantes porciones de dioxinas, PCBs, dieldrin, nonacloro, DDT y mirex, lo que llevó a un grupo de científicos de las universidades de Indiana, Albany y Cornell a sugerir que se limite significativamente el consumo de este producto.

Por todo lo anterior, la expansión desmedida de la salmonicultura implica un perjuicio social, sanitario y ambiental, que es urgente detener, antes que las balsas jaula comiencen a poblar las aguas de la Undécima Región, donde la industria tiene un plan de inversiones estimado en 800 millones de dólares, con la pretensión de que esta zona aporte el 50% de la producción nacional del salmón en sólo 8 años.

Esta expansión irresponsable puede tener consecuencias nefastas para los delicados ecosistemas de Aysén, y desde la óptica de la sustentabilidad no se enmarcan en la dinámica regional de desarrollo sostenible, puesto que la zona tiene otras vocaciones de desarrollo, las que no están siendo tomadas en consideración ni por la industria ni por el gobierno, que aún no cuenta con los mecanismos institucionales, ni los recursos físicos y humanos para una correcta fiscalización de la salmonicultura. Por todo esto, una moratoria que suspenda su propagación es prácticamente indispensable, al menos hasta que cambien drásticamente las condiciones actuales, tanto en términos de conocimiento científico respecto al tema, como de la institucionalidad ambiental y laboral encargada de su fiscalización.