Adam Smith señaló que siempre que dos o más personas se unían en pos de un interés común, terminaban perjudicando el interés general. Por su parte, el Banco Mundial viene insistiendo desde los noventa, en la necesidad de un Estado moderno, capaz de fiscalizar los actos económicos del mercado, con las actuales herramientas tecnológicas pero, por sobre todo, a través de funcionarios públicos competentes y honestos, como forma de procurar un sano funcionamiento de los mercados y para procurar una mayor equidad en la distribución de la riqueza en las sociedades.

Estas premisas que en dos momentos históricos alertan contra el peligro de la concentración económica y abogan por un Estado que fiscalice efectivamente los hechos económicos, son de absoluto sentido común y  no fueron proferidas ni por Karl Marx ni por Jacques Maritain. Se trata de un mínimo sentido común y es una idea fuerza que busca hoy insertar correcciones de fondo a un sistema para nada transparente, en donde el peso político de los grupos económicos y financieros ha permeado peligrosamente al Estado, debilitando ex profeso la capacidad de la Administración de actuar en forma independiente y eficaz en su cometido fiscalizador. De paso, estas distorsiones atentan contra el espíritu mismo de una libre concurrencia, ya que, presiones y vinculaciones mediante, se termina buscando ventajas especiales que seguramente terminan perjudicando el interés general.

…el Estado ha renunciado voluntaria y conscientemente al deber de fiscalizar.
Es tanto así que, en muchas situaciones, el Estado ha renunciado voluntaria y conscientemente al deber de fiscalizar. Los estudios de impacto ambiental, los proyectos de inversión directa que terminan sin tributarle al Estado ante una pasividad inexplicable de entrar a auditar tales operaciones. Las condonaciones de deudas a grupos económicos asombran cuando por otro lado el Estado manifiesta su pobreza de recursos. Es increíble que frente a un incendio forestal o cualquier contingencia no existan recursos suficientes; es patético, pero real, que los funcionarios públicos en muchas instituciones deben pagar por sus equipamientos para poder cumplir mínimamente sus funciones; es inconcebible que muchas acciones de control deban resignarse ante la falta de recursos logísticos para realizarlas.  

Si se recogiesen las reiteradas propuestas de la ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, por condiciones laborales que ayuden a trabajar mejor, de manera que los costos de la modernización se vean compensados con creces por una mayor recaudación y por la eliminación de fugas en un sistema que está lleno de ellas, se podría apreciar que el personal estable de la Administración Pública está dispuesto a asumir compromisos de mejoramiento de gestión, concentrando energías en esos flancos débiles en donde se han venido haciendo evidentes las debilidades del Estado al fiscalizar.

Cuando enfrentamos un período pre-electoral, los servidores públicos y la ciudadanía esperarían, sobre todo de los programas presidenciales que se adjudican el progresismo, la expresión de compromisos políticos que rompan con el statu quo actual.

¿Está dispuesta la clase política a reducir el superávit fiscal y en vez de simplemente pre-pagar deuda externa, destinar recursos suficientes a a la Administración Pública, en términos de sinceramiento de las plantas, de mejoramiento del equipamiento y de recursos para efectuar fiscalizaciones más efectivas? ¿Primarán en la clase política consideraciones de Estado, que signifiquen reglas de probidad y transparencia que de veras se cumplan, para no admitir que los lobbies por debajo de la mesa, debiliten o anulen la fiscalización?

¿Estaría dispuesta la clase política a dar un gran impulso a la modernización del Estado, suscribiendo con los funcionarios de carrera compromisos de gestión que vayan perfilando un Estado más responsable que pueda arbitrar en pos de una sociedad más equitativa?

A los funcionarios públicos de carrera, por impacto de situaciones oscuras en las que no participaron ni pudieron evitar, les ha caído el peso de nuevas normas que apuntan a la probidad. Siendo bienvenidas dichas medidas, en especial las que apuntan a premiar el mérito, las mismas deberían apuntar y concentrarse en los niveles políticos que acceden al Estado por corto plazo y muchas veces con intereses y estilos diferentes a lo que la legalidad marca para el sano funcionamiento de las instituciones públicas.

Por lo tanto, los funcionarios del Estado se suman a la ciudadanía para que se elimine el secretismo en los actos del Estado, porque esa transparencia protegerá precisamente las actuaciones en derecho de los funcionarios y evitará que por presiones de cualquier índole se pierda la independencia en el control y la fiscalización.
En el área pública hay consenso en que la modernización es un objetivo transversal urgente.  Lo único que se preguntan los servidores públicos es para qué, ¿para hacer las cosas bien, con todo el respaldo político de las autoridades o sólo para llegar hasta donde sea políticamente correcto?
27/08/05
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